El Procurador del Estado ecuatoriano, Diego García, remitió el jueves pasado un oficio al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, en el que rechaza un comunicado emitido por ese organismo luego de la reunión de trabajo que mantuvo una delegación ecuatoriana en Washington.

La CIDH difundió un comunicado de prensa en el que lamentaba que los representantes ecuatorianos emitieran referencias a la medida cautelar y al caso relacionados con el diario El Universo, y advirtió a la opinión pública que dichas referencias no serán tenidas en cuenta en la evaluación de peticiones o casos concretos, y que no han sido ni serán registradas en sus archivos.

Ante este hecho, García rechaza el comunicado de prensa mencionado y requiere su rectificación inmediata. “Es inaceptable que la CIDH opte por pronunciarse respecto de la actuación de un Estado a través de comunicados de prensa, mecanismo que afecta a la defensa del Estado y su imagen internacional”.

En su oficio, el Procurador ecuatoriano deja sentado que en dicha reunión el Estado ecuatoriano centró su presentación en observaciones de orden conceptual sobre el rol de la CIDH en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el origen de las medidas cautelares que esta emite, subrayando que, al no provenir de un instrumento internacional suscrito y ratificado por Ecuador, no tienen un carácter vinculante.

"Pese a ello, el Ecuador ha venido cumpliendo de buena fe las solicitudes y recomendaciones de la CIDH, en tanto se ajusten a los requisitos de irreparabilidad, gravedad y urgencia previstos en su propio Reglamento, respondan a los fines de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y busquen la protección de la vida o la integridad física de las personas", subraya.

Posteriormente, en la misma reunión se hizo referencia al proceso de medidas cautelares a favor de diario El Universo -que para ese momento ya había sido archivado por la Comisión- únicamente como ejemplo de las falencias procesales en las que incurrió la CIDH, sin pronunciarse, en ningún momento, sobre la petición de fondo: “Resulta evidente que un procedimiento cautelar que ha sido levantado y archivado ya no conlleva litigio alguno justamente porque al haber concluido ya no existe pretensión que resolver ni contradicción de intereses”.

Finalmente, el abogado del Estado advierte en su oficio que “el Estado continuará cuestionando toda actuación que se aparte de los procedimientos y de los principios generales del derecho, pues si un Estado parte de la Convención -en este caso el Ecuador- considera que el proceso se encontró viciado por cualquier motivo, una vez culminado el estudio sobre el proceso, como en el presente caso, resulta apenas lógico que estas preocupaciones puedan ser expuestas ante la autoridad de la que provino”.