La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano otorgar medidas cautelares a la señora Esperanza Hernández Lugo y a otra mujer -cuyo nombre por motivos de seguridad permanece en anonimato- y a sus familiares, pues “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”. Forman parte de las familias de la Sierra Madre Occidental de Sinaloa, que en el 2012 abandonaron casas y trabajo por la violencia de la región.

Salir de la ciudad de origen por motivos de violencia “es dejarlo todo; es dejar una vida; dejar tus cosas (...) hasta a tus muertos”, relata Esperanza, quien hace tres años huyó de Ocurahui, al igual que otras 600 familias que se vieron forzadas a dejar sus casas en la Sierra Madre Occidental de Sinaloa.

Esperanza Hernández cuenta que hace cuatro años grupos armados aparecieron en los poblados de la Sierra Madre de Sinaloa. Comenzaron las amenazas y las intimidaciones; llegaron a las comunidades y luego empezaron los asesinatos.

Fue en enero del 2012 -cuando una familia “muy querida” en Ocurahui amaneció asesinada-que los pobladores de esta comunidad huyeron.

La violencia se replicó en otros pequeños poblados: en San José de los Hornos; Sierrita de Germán; Laureles; Potrero de Bernal y Ciénega de Parra, principalmente. Según se expone en el documento de la CIDH, unas 800 familias dejaron en el 2012 sus comunidades.

El 23 de marzo del 2015, organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos pidieron las medidas cautelares. La CIDH determinó pedir a México lo necesario para garantizar la vida e integridad de las mujeres y sus familias.

De acuerdo con los argumentos de los solicitantes, asentados en la resolución de la CIDH, el Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha referido a Sinaloa como la segunda entidad del país con mayor número de homicidios y según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en el estado hay 1,569 averiguaciones previas sobre el delito de desaparición, entre el 2007 y enero del 2015.

De acuerdo con Esperanza, la gente se movió a las ciudades más cercanas a la sierra. Según lo reportado por la CIDH, los desplazados llegaron a los municipios de Choix, Salvador Alvarado, Culiacán y Guamúchil.

En el 2014, en Choix, el presidente municipal, Juan Raúl Acosta pagaba la renta de las viviendas en las cuales residían los desplazados y el 10 de febrero del 2015 extendió a 91 familias un acta que les certificaría que la salida de sus comunidades fue por “causas de fuerza mayor”. Según los solicitantes, esto representaría “el mayor avance en el reconocimiento a nivel interno de la situación de desplazamiento forzado en Sinaloa”.

Pero el 6 de marzo, el alcalde, su esposa y funcionarios de Choix sufrieron un atentado mientras se dirigía la comunidad de El Fuerte. La Procuraduría estatal confirmó a medios el ataque, pero no brindó más información hasta tener una línea de investigación.