Caracas. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió este lunes ante la asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) suspender a Venezuela del organismo multilateral como una forma de presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La solicitud de Pompeo aún debe ser aprobada por los países miembros de la OEA, organismo del cual Venezuela ya había solicitado su retiro el año pasado y que se concretaría en abril del 2019.

"Esta suspensión no es una meta en sí, pero mostraría que la OEA respalda sus palabras con acciones (...) Es un mensaje poderoso al régimen de Maduro de que solo con elecciones reales su gobierno podrá estar incluido en la familia de naciones" democráticas, dijo Pompeo en su discurso.

Pompeo también hizo un llamado a los otros miembros de la OEA "a que sigan aplicando al régimen de Maduro sanciones y aislamiento diplomático a fin de que tomen las medidas necesarias para retornar a la democracia".

Pompeo también hizo un llamado a los otros miembros de la OEA "a que sigan aplicando al régimen de Maduro sanciones y aislamiento diplomático".

Pompeo dijo que Washington, en un discurso transmitido por la página de la OEA, recibía "con beneplácito" la reciente excarcelación en Venezuela de algunos opositores.

Sin embargo, el funcionario aclaró que "la política de Estados Unidos hacia Venezuela sigue sin cambios".

Minutos después del discurso de Pompeo, el canciller venezolano Jorge Arreaza replicó molesto diciendo que Estados Unidos ha aplicado a Venezuela sanciones económicas "que nos dificultan comprar alimentos y medicinas" y limita "la capacidad de transar" del gobierno de Maduro.

"Nuestro pueblo es el único que reconoce elecciones e instituciones en Venezuela", dijo Arreaza. Otro gobierno "no tiene ninguna moral, ni autoridad política (...) de ningún tipo para reconocer o no nuestro gobierno", agregó.

El presidente Maduro enfrenta no sólo nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y Canadá, entre otros países, sino la críticas de más de una veintena de países que consideran que su reelección el pasado 20 de mayo fue un proceso "fraudulento" y que no contó con las suficientes garantías democráticas.