París. Cada día, cuando el presidente de la Corte Criminal de París inicia una más de las sesiones del proceso a los responsables de la dictadura chilena encabezada por Augusto Pinochet, que desde el pasado miércoles tiene lugar en el Palacio de Justicia de la capital francesa, señala que el banquillo de los acusados está vacío. Eran catorce los acusados y ninguno quiso venir a defenderse.

De los invitados por parte de los acusadores, en cambio, casi todos vinieron. Una treintena de antiguos prisioneros, expertos que han investigado los hechos desde la restauración de la democracia, miembros de asociaciones de Derechos Humanos y familiares de las víctimas se han desplazado no sólo desde Santiago de Chile y desde varias regiones de Francia, sino desde Suiza y Canadá, donde llegaron exiliados, en su mayoría durante la década de los setenta.

“No es que no me interese la reconciliación, lo que no me interesa es la reconciliación a cualquier precio”, dice Vanessa Klein a propósito del motivo de viajar desde Brasil para un juicio que pareciera fuera de lugar casi cuatro décadas después de los hechos y cuando en Chile sigue teóricamente vigente la ley de punto final que amnistió a los militares.

Su padre, Georges Klein, fue uno de los consejeros del presidente Salvador Allende que resistió durante el ataque al Palacio de la Moneda. Varios testimonios presentados durante el proceso coinciden en que los militares lo sacaron con vida y luego de obligarlo a tenderse en la calle junto a otros detenidos lo amenazaron con pasarle un tanque de guerra por encima. La última foto que existe de él con vida lo muestra con las manos en la nuca frente al Palacio.

Otra persona presente en el juicio, el sacerdote Pascual Nahuelpan, recuerda uno de los últimos momentos del francés Etienne Pesle: “Me dijo su nombre, que era un religioso, pero había renunciado para casarse”. Los dos estaban detenidos en la base aérea de Mahueque, cerca de la población de Temuco, pero nunca llegaron a verse porque estaban obligados a permanecer con los ojos vendados incluso entre una sesión de tortura y la siguiente.

La doble nacionalidad franco-chilena de varias víctimas y una maniobra jurídica que ha permitido que, ya que el delito de “desaparición forzada” no existe en la legislación francesa, los casos sean considerados como asesinatos a pesar de que los cuerpos no hayan sido encontrados, lograron que las familias pudieran abrir en 1998 un proceso que luego de un aplazamiento de dos años se encuentra en su fase final.

En el tribunal, las familias están representadas por los abogados Sophie Thonon y William Bourbon, famosos por haber participado en casos contra responsables de violaciones de Derechos Humanos en Ruanda y Serbia, además de defender dos franceses detenidos en Guantánamo. Cinco asociaciones de Derechos Humanos participan también como parte civil. “Se trata de un proceso histórico porque por primera vez existe la posibilidad de que la dictadura sea condenada como una institución y no por casos aislados”, dice Roberto Garreton, quien participa por cuarta vez en un juicio contra responsables de crímenes en la era Pinochet.

En el documental Desaparecidos, realizado por Nicolas Joxe, llama al atención que uno de los acusados, el ex oficial Emilio Sandoval Poo, responsable de centenares de muertes, entre ellas la de Etienne Pesle, es hoy en día un exitoso hombre de negocios de la región de Temuco.

Cinco de los acusados en el proceso francés murieron antes de esta etapa definitiva. Augusto Pinochet Ugarte fue uno de ellos. Entre los otros cuatro se encontraba Paul Schaffer, el ex nazi responsable del campo de prisioneros Colonia Dignidad. La conclusión es esperada hoy. Tanto asociaciones como familiares y abogados confían en que la condena pronunciada será la cadena perpetua.