Manifestaciones apoteósicas realizadas en Santiago de Chile, que se han extendido a distintas regiones del país, tienen en jaque al gobierno y descompuesto al ministro de Educación, Joaquín Lavín. Estudiantes, universitarios y secundarios, protestan contra una educación basada en el lucro, de baja calidad y que discrimina por origen de clase.

Esta es la segunda vuelta de la rebelión estudiantil. El primer intento, y sólo de secundarios, se llevó a cabo el 2006, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Los cambios, en esa oportunidad, sólo maquillaron la Ley Orgánica Constitucional de 1981 (LOCE) y en esencia quedó todo igual. Esta vez, previendo una nueva trampa, los jóvenes exigen plazos y compromisos concretos al gobierno. Han abogado incluso por una nueva Constitución, y sugieren propuestas de financiamiento, para garantizar una educación pública y gratuita.

El movimiento estudiantil se ha instalado con fuerza en el país, estimulado por otras reivindicaciones ciudadanas, entre las que destacan medioambientalistas, que rechazan la construcción de la represa hidroeléctrica Hidroaysén, en el sur del país; trabajadores subcontratados de las mineras; y, también, consumidores del retail, La Polar, la que ha estafado a más de 400.000 consumidores,  tenedores de tarjetas de crédito, así como a sus propios accionistas.

Todo indica, entonces, que las movilizaciones estudiantiles inauguran un nuevo ciclo de auge del movimiento ciudadano que de forma directa, sin mediación de los políticos tradicionales, está buscando un camino propio para cambiar el país. Son los indignados, que al igual que en España, no se reconocen en el actual régimen político y rechazan el sistema económico.

Los estudiantes demandan una transformación radical del sistema educacional. Cuestionan la mala calidad de la enseñanza para el 90% de los niños de educación básica y media entregada por colegios municipalizados públicos y privados subvencionados, mientras el restante 10%, de los colegios particulares recibe una enseñanza aceptable. La primera, para los pobres y clase media, y la segunda destinada a los ricos. Con esta educación más de la mitad de los jóvenes de 15 años no entienden lo que leen y su formación matemática es similar a los países más atrasados de África.

En segundo lugar, se critica una educación que reproduce la segregación y el clasismo. En efecto, las escuelas en vez de enseñar a todos por igual, servir para integrar a los niños de distintos orígenes sociales, promover la convivencia en comunidad, estimular la promoción social, favorecer un mismo lenguaje y valores, se ha convertido en instrumento de exclusión y ampliación de las desigualdades. El índice Duncan, que mide el grado de segregación social en las escuelas, es de 0,68 para Chile mientras la media de la OCDE es 0,46, siendo 1 el más alto grado de segregación. En palabras simples, los niños y jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos están radicalmente separados según niveles de ingreso de sus familias. Los ricos con su riqueza, los pobres en su pobreza y los sectores medios en la desesperación por obtener créditos para que sus hijos progresen en la vida.

Existe un tercer problema, destacado por los estudiantes, y desconocido en otros sistemas educacionales. Las escuelas particulares subvencionadas, empresas privadas destinadas a obtener ganancias, reciben recursos públicos para desarrollar sus actividades. El Estado les entrega una subvención por cada alumno matriculado; sin embargo, esos colegios no muestran mejores resultados que las escuelas municipalizadas, vale decir aquellas integralmente públicas.

Este sistema tripartito vive una crisis terminal, que los estudiantes han puesto en evidencia. En efecto, las escuelas dependientes de los municipios, con escasos recursos presupuestarios, presentan frágiles condiciones materiales y financieras, que difícilmente favorecen la nivelación cultural y educacional de niños provenientes de hogares pobres. Por su parte, los niños atendidos por escuelas privadas, con subvención estatal, deben sufrir el desinterés de sostenedores inescrupulosos, que privilegian ampliar su margen de ganancias antes que aumentar la inversión en mejorar los salarios de los maestros o favorecer las condiciones materiales de los recintos.

En cambio, el 10% de los niños de la clase alta es atendido por escuelas particulares, pagadas por sus propios padres, las que disponen de los mejores profesores e infraestructura, lo que permite a sus egresados acceder a las mejores universidades. Ellos hacen una elevada inversión, cinco veces superior a la que realiza en estado en los niños atendidos por los municipios y las escuelas privadas subvencionadas. Ello explica sus mejores resultados.

Esta educación cara, mala y clasista da por resultado que los jóvenes provenientes de la educación municipalizada y particular subvencionada tengan los más bajos puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), ingresan a universidades de baja calidad, estudian profesiones sin demanda en el mercado y muchos no trabajan en actividades vinculadas a sus estudios universitarios. En el mejor de los casos estos jóvenes se convierten en empleados, con bajos salarios, de los jóvenes de su misma generación que llegaron a ser ejecutivos de empresas gracias a sus estudios de calidad y posgrados en el extranjero.

El futuro de los niños chilenos se encuentra definido de antemano. Se juega con cartas marcadas. Las cifras son categóricas. Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) revelan que de los 100 establecimientos con mejores puntajes, 96 son particulares, 3 municipales y 1 particular subvencionados. Adicionalmente, los resultados de los niños provenientes de escuelas particulares obtienen, en promedio, en la PSU 600 puntos, mientras que el resto no supera los 500 puntos.

La universidad agrega dos problemas adicionales. Por una parte, es la más cara del mundo. Según un ránking de la OCDE, el arancel universitario que paga el alumno en nuestro país es más del doble que en los Estados Unidos, tres veces el de México, cinco veces más que España, ocho veces, el de Francia y 20 veces más que Dinamarca, sin anotar aquellos países donde las universidades son gratuitas.

A diferencia de los países de la OCDE el financiamiento de los estudios universitarios en Chile es en 80% de responsabilidad privada; en cambio, en el resto de los países de la OCDE sólo el 20% es de financiamiento privado. En suma, educación universitaria es cara y se encuentra bajo la responsabilidad de los educando y sus familias.

En suma, el alto costo de la educación superior, cubierto principalmente por los estudiantes, es expoliador para las familias modestas y de suyo injustificado cuando su enseñanza no favorece a un mejor trabajo vinculado a los estudios realizados. En Encuesta Nacional 2010, que realizó el Instituto de la Juventud, se informa que de cada diez trabajadores, técnicos y profesionales, seis no tienen un trabajo relacionado con lo que estudiaron. A ello se agrega, que los profesionales sin trabajo están acosados durante muchos años por una banca que les exige la devolución de los créditos y el pago de altos intereses por esos estudios.

En consecuencia, el alto costo de la educación superior, cubierto principalmente por los estudiantes, es expoliador para las familias modestas y de suyo injustificado cuando su enseñanza no favorece a un mejor trabajo vinculado a los estudios realizados.

Consecuentemente, no debiera sorprender que la educación se haya convertido en un tema principal de la agenda nacional y que los directamente afectados exijan su transformación. La rebeldía juvenil tiene causas justificadas y ataca a uno de los principales baluartes del neoliberalismo: la educación para pobres y para ricos; la educación como un negocio, la educación reproductora de las desigualdades.