La multitud copó varias cuadras de la Alameda, la principal arteria capitalina, en una nueva demostración de los estudiantes que exigen fortalecer la educación pública y el término del lucro en la educación privada subvencionada por el Estado.
Santiago. Unas 60.000 personas convocadas por estudiantes marcharon este jueves por el centro de Santiago para presionar al gobierno de Michelle Bachelet a concretar una reforma a la Educación, en una protesta bajo un contexto de crisis política.
La multitud copó varias cuadras de la Alameda, la principal arteria capitalina, en una nueva demostración de los estudiantes que exigen fortalecer la educación pública y el término del lucro en la educación privada subvencionada por el Estado.
Con cánticos, bailes y otras formas de expresión los jóvenes hicieron un recorrido por varias calles del centro de Santiago, hasta confluir en el Monumento a Los Héroes, donde a través de un escenario los dirigentes estudiantiles explicaron las principales motivaciones de la protesta.
La protesta ocurre en medio de una crisis de credibilidad en el sistema político, atizada por sendas investigaciones judiciales a dos empresas por financiamiento ilegal de parlamentarios del oficialismo y la oposición, y al hijo y nuera de la propia mandataria, por un presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
"Estamos convencidos de que la política en Chile no tiene por qué ser corrupta como ahora. Hay que defender la democracia, ya que es la única que devolverá la legitimidad y confianza de la ciudadanía", dijo Valentina Vargas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), uno de los convocantes a la marcha.
Por su parte, Ricardo Paredes, a nombre de los escolares chilenos, planteó que "los estudiantes secundarios hoy nos proponemos nuevamente por una educación que esté al servicio del pueblo y los estudiantes chilenos".
Los estudiantes chilenos que han sostenido protestas desde 2011 han retomado sus manifestaciones en coincidencia con la discusión en el Congreso de proyectos legislativos enviados por la presidenta Bachelet, los que a juicio de las agrupaciones estudiantiles no recogen sus principales aspiraciones.
Una ley para el fin del copago por parte de los padres en establecimientos que perciben subvención estatal, así como en la eliminación del lucro y de los procesos de selección en todos los colegios, fue aprobada hace meses, pero la ley de reforma a las universidades, que abre espacio a la gratuidad universal, ha ingresado recientemente a trámite.
Las organizaciones estudiantiles aspiran al término de la educación privada con fines de lucro en todas sus formas, una aspiración que no cuenta con el aval del gobierno de centroizquierda.
Las manifestaciones tienen como telón de fondo los casos judiciales denominados SQM y Penta, un banco y una minera respectivamente, que involucran a políticos de oposición y gobierno, bajo la sospecha de financiar sus campañas políticas con dinero de estas empresas.
A estos casos se ha unido una indagación del Ministerio Público sobre Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet y su esposa Natalia Compagnon, por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito tras un negocio de especulación inmobiliaria.
Los casos han derrumbado por igual la popularidad de Bachelet, el oficialismo de centroizquierda y la oposición conservadora, generando una crisis de credibilidad.
