Impactante estudio de una ONG de análisis político de Washington relaciona el tema de las legislaciones antiinmigrantes con las ganancias que la detención de indocumentados significarían para los administradores de las cárceles en EE.UU.

De hecho, entre los impulsores de legislaciones como la polémica SB1070 de Arizona estaría la Corrections Corporation of America (CCA), que es una firma que administra 65 cárceles y centros de detención de migrantes.

Sólo por los centros de detención donde se ubican a los indocumentados, la empresa logró ganancias por US$74 millones en 2010.

Así lo informó a El Universal, la especialista en temas migratorios Andrea Nill, quien reveló el resultado de la investigación del Center for American Progress, que expone los presuntos nexos de la CCA con personeros cercanos a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y el senador Russell Pearce.

Otro punto destacado en el análisis es que hay un factor ideológico en el tema. Por ejemplo, una red de abogados que integran el Immigration Reform Law Institute, que es un grupo antiinmigrante al cual pertenece el republicano Kris Kobach, quien redactó la SB1070 y cobró US$13.000 a Arizona, consigna la información de prensa.

Si bien Nill aclara que en ello no hay nada ilegal, considera que ante los intereses en juego “es importante informar al público, pues no sabe quién está escribiendo sus leyes y tal vez creen que sus representantes tienen sus mejores intereses en mente cuando están aprobando estas normas. Si toda la gente conociera esto, no habría un alto porcentaje de apoyo a la Ley Arizona y sus copias”.

El Center for American Progress inició en 2010 una investigación sobre la Ley Arizona, con la participación de expertos como Andrea Nill.