La Paz. La alta conflictividad social ha retornado a Bolivia al iniciarse el segundo mandato del presidente indígena Evo Morales, con casi dos nuevas huelgas u otras protestas por día laboral en los primeros cinco meses del año, reveló una investigación independiente.

La fundación UNIR, financiada por gobiernos europeos, publicó el reporte en la noche de este miércoles mientras se cumplía una semana de huelga general en el distrito andino de Potosí, que todavía no afectaba a la vital minería asentada en la región ni planteaba riesgos para la industria petrolera.

Los conflictos, que sólo en un caso dejaron muertos, estuvieron relacionados en gran parte con las tensiones derivadas de la aprobación de cinco leyes orgánicas de reforma estatal, en aplicación de una nueva Constitución, y cuestionaron más a autoridades y líderes intermedios que al mismo Morales.

"La gran mayoría de los conflictos (46%) se dirigió hacia el Estado, sobre todo hacia el gobierno central, pero no se han presentado casos que hayan puesto en riesgo la gobernabilidad ni la estabilidad democrática", resumió el informe.

Desde protestas aisladas por agua potable hasta grandes movilizaciones que desafiaban duramente al gobierno, entre enero y mayo pasados Bolivia tuvo 226 conflictos, 44 más que en el segundo semestre de 2009 y con una tendencia creciente que marcó un pico de 81 conflictos sólo en el último mes analizado.

El director de Unir, Antonio Aramayo, dijo al presentar el reporte que "los intereses de regiones o sectores priman todavía sobre el interés general (...), hay ausencia de idea y práctica orientadas al bien común".

La tasa de conflictividad de los primeros cinco meses duplicó con creces la de los tres primeros años de gobierno de Morales, quien impulsa desde su llegada al poder en 2006 un proceso de cambio centrado en el ascenso político de las mayorías indígenas y la estatización de la economía.

El analista político José Antonio Quiroga dijo en el mismo acto que los conflictos son parte y consecuencia de lo que llamó un "cambio de titularidad del poder", que ha alentado entre otros hechos el crecimiento de la informalidad de las relaciones sociales y el desconocimiento de las leyes.

Criticó "la progresiva disolución de las instituciones y la mala gestión pública", así como la decisión del gobierno de encarar los conflictos no como árbitro sino como representante de los que considera sectores desprotegidos.

"En el pasado inmediato se quiso manejar el Estado como una empresa y ahora se lo quiere manejar como un sindicato (...) el gobierno es un gran promotor de conflictos", sostuvo Quiroga.

Potosí y contrabando. Uno de los conflictos más prolongados se registraba en Potosí, cuyas organizaciones cívicas se movilizaron primero por un problema de límites con el departamento de Oruro y sumaron luego una decena de demandas, desde una industria metalúrgica hasta una fábrica de cemento y la estabilización del histórico Cerro Rico, uno de los mayores yacimientos de plata del mundo.

Tras una semana de huelga y bloqueo de carreteras, los líderes potosinos seguían reacios a dialogar en un "territorio neutral" con el gobierno y las autoridades de Oruro, exigiendo en cambio la presencia del presidente Morales.

El mandatario evitó referirse al conflicto este jueves durante una conferencia de prensa, en lo que pareció ser un tácito respaldo a una delegación de ministros que trataba de abrir un diálogo en Sucre, la capital legal del país y la ciudad más próxima a Potosí.

"No vamos a dialogar a ninguna otra ciudad. Exigimos la presencia del presidente Morales y sus ministros hasta el día de hoy 5 de agosto, caso contrario radicalizaremos las medidas de protesta", dijo el líder cívico potosino, Celestino Condori, al anunciar los acuerdos de una asamblea a la que asistió inclusive el gobernador Félix González, del oficialismo.

En un conflicto separado, centenares de comerciantes informales realizaban esta semana huelgas de hambre y bloqueos en torno al palacio legislativo en La Paz, en rechazo a una draconiana nueva ley de aduanas con la que Morales se propone combatir al contrabando.

El comercio minorista boliviano de electrodomésticos y ropa es en gran medida informal y está abastecido por hasta ahora indestructibles redes de contrabando, según admitió el gobierno.