El ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, interpondrá una demanda contra el Estado por los daños y perjuicios ocasionados por la sanción disciplinaria interpuesta por la Procuraduría General, en la que fue suspendido de su cargo por su participación en las irregularidades en el proceso de contratación en la capital de la República.

En los próximos días se realizará una audiencia de conciliación, en la que el ex burgomaestre solicitará 180 millones de pesos (US$101.264) como indemnización. De no llegar a un acuerdo, Moreno Rojas presentará una demanda formal con el Estado por un monto aún no estipulado.

En la misma solicitud, el ex alcalde de Bogotá pide además que se anule el fallo disciplinario en su contra, argumentando que él no podía responder durante su administración por las irregularidades en las que incurrió el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la entrega de contratos viales de manera.

El pasado 25 de octubre, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado suspendió por 12 meses al ya suspendido alcalde de Bogotá, después de comprobársele que había incurrido en la omisión de su función constitucional y legal de cumplir con la construcción de obras a cargo del Distrito.

La decisión se dio después de seis meses de la formulación de pliego de cargos en contra de Moreno Rojas que lo llevaron a una suspensión de su cargo, principalmente por tres meses el 3 de mayo del presente año, y una ampliación por el mismo plazo el 2 de agosto.

Según el jefe del Ministerio Público, Moreno Rojas cometió “faltas graves" en el control de varios contratos de obras civiles, e incurrió en una presunta omisión en el deber de asegurar en debida forma, las obras de la fase III de Transmilenio, la reparación de la malla vial y valorización.

El mismo criterio fue propuesto frente al incumplimiento de la fecha de terminación en los plazos previstos en los contratos, lo que conllevaron a atrasos “que aún se viven” en la ciudad y que no fueron atendidos por el alcalde Mayor de Bogotá.

El Procurador General señaló además que el burgomaestre omitió sus funciones al no asegurar las obras en debida forma, y atender los cuestionamientos y los llamados sobre significativos atrasos muy tarde.

Según la decisión del Procurador General, la suspensión de Moreno Rojas finalizará el próximo 3 de mayo, "por lo que no podrá volver a su cargo".

El fallo se dio después de analizar miles de documentos en el Instituto de Desarrollo Urbano, en la Secretaria de Movilidad y la Alcaldía Mayor, además de escuchar los testimonios de más de 40 personas, entre los que se encuentran los ex directores del Instituto Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, contratistas y ex alcaldes de la capital de la República.

El Ministerio Público señaló que "como el período del mandatario concluye el 31 de diciembre de 2011, Moreno Rojas no podrá cumplir con el tiempo faltante de la suspensión, por lo que este período fue convertido en salarios de acuerdo al monto de lo devengado como alcalde Mayor de Bogotá para el comento de la comisión de la falta".

Con esto, el suspendido burgomaestre deberá pagar una suma superior a los 66 millones de pesos (US$37.130), cifra que corresponde a los salario por él devengados.

Igualmente, el jefe del Ministerio Público señaló que contra Moreno Rojas se adelantan otras investigaciones por "fallas gravísimas".