Asunción. Ex compañeras de colegio de Rosalía Amarilla, la paraguaya condenada a muerte en China por un delito de tráfico de drogas, se manifestaron este lunes en Asunción para pedir al gobierno de Paraguay que medie por su vida.

Las mujeres, antiguas alumnas del colegio Doctor Fernández de la Mora, donde cursaron estudios con Amarilla desde los doce hasta los 18 años, se concentraron en la Plaza de la Democracia (centro) para después emprender una marcha hacía el Congreso.

"Al gobierno le pedimos que pelee por su vida, por el derecho a su vida. Que no se le mate, porqué solo Dios puede quitar la vida", dijo a Efe Raquel Valdez, ex compañera de estudio y amiga de Amarilla.

El gobierno paraguayo no tiene relaciones diplomáticas con China, por lo que es a través del consulado argentino como presta asistencia a Amarilla, cuya fecha de ejecución está prevista para el 20 de marzo.

Tanto sus amigas del colegio como su familia sostienen que Amarilla, a quien las autoridades chinas arrestaron con 3,6 kilos de cocaína, fue víctima de una red de trata de personas que la obligó a llevar esa mercancía desde Brasil, donde había ido con la promesa de un empleo.

"Ella fue engañada o cometió un delito bajo amenaza", dijo a Efe su prima, Mariela Santander.

Por su parte, Valdez instó al gobierno paraguayo a hacer todo lo posible para que la condena a muerte sea revocada por una pena de prisión en Paraguay para que Amarilla, de 33 años y técnica de administración de empresas, pueda ver a su hijo, de 5 años.

"No pedimos su libertad porque somos conscientes de que se equivocó, pero no por eso debe de pagar con su vida. Que le den 25 o los años que sean, pero que pueda volver a su hijo", declaró.

Las autoridades chinas impusieron una condena a muerte a Rosalía por tráfico de drogas, que podría ser conmutada por una pena de entre 15 y 18 años de prisión si se demostraba su inocencia.

El defensor público asignado a Rosalía consiguió una medida sustitutiva que permitió postergar su ejecución durante dos años.

La ONG Amnistía Internacional, junto con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), lanzó la semana pasada una campaña de recogida de firmas para impedir su ejecución.