Ciudad de Guateamala. El ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina habría negociado y cobrado parte de un soborno por 25 millones de dólares por la concesión del puerto Quetzal a una empresa española, dinero que luego repartió entre varios colaboradores de su gobierno, dijo el viernes la fiscalía.

Esta nueva acusación se produce a un año del escándalo "La Línea", un caso que llevó a la renuncia del ex mandatario el año pasado y quien está preso a la espera juicio por supuestamente liderar una mafia aduanera que estafó millones de dólares al fisco.

"Podemos afirmar que el ex presidente utilizó su cargo con este negocio para obtener beneficios económicos directos y en detrimento del país", dijo en rueda de prensa Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente investigador autónomo respaldado por la ONU y Estados Unidos que colabora con el Ministerio Público.

El gobierno de Pérez Molina adjudicó en 2012 a la compañía Terminales Contenedores de Barcelona (TCB) un contrato para construir y gestionar durante 25 años una importante terminal en Puerto Quetzal, el más grande del país centroamericano.

El proyecto estaba valorado en 126 millones de dólares y sería financiado en gran parte por fondos del Banco Mundial, mientras que la compañía española aportó 8,5 millones de dólares.

Según las pesquisas, Pérez Molina y Baldetti acordaron cobrar casi 25 millones de dólares en cuotas entre 2012 a 2015 y los fiscales aseguran tener pruebas documentales de que los ex funcionarios y el resto de la red recibieron parte de los pagos acordados.

Además de Baldetti, quien también está en prisión a la espera de juicio, estaría implicado Douglas René Charchal, magistrado de la Corte Suprema, contra quien se pedirá un antejuicio para poder investigarlo, dijeron las autoridades.

La policía detuvo a nueve personas, incluido el director general de la filial de TBC en Guatemala, el español Juan José Suárez, que enfrentan acusaciones de diversos delitos como asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

Además se realizaron 20 allanamientos en los que se incautó ingente documentación que analizarán el Ministerio Público y la CICIG, cuya colaboración el año pasado fue clave en la renuncia y enjuiciamiento de varios funcionarios de alto rango del Gobierno.