Buenos Aires. Este lunes, la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner está citada a declarar en una causa por presunto pago de sobornos a contratistas de obras públicas, supuestamente, transportados en bolsos con dinero durante su gobierno. La citación es de carácter indagatorio y se llevará a cabo en el marco de un expediente a través del cual se detuvo a exfuncionarios y empresarios ligados a esa causa.

En este juicio, el primero de una serie que tendrá por delante, CFK está imputada por defraudación al Estado, lavado de dinero y asociación ilícita, acusaciones que comparte con el empresario Lázaro Báez.

El juez federal Julián Ercolini elevó esta causa a juicio oral el 3 de marzo de 2018. Se la acusa de haber favorecido ilegalmente a las empresas de Lázaro Báez, ex presidente del Grupo Austral. 

El ex secretario de Obras Públicas José Francisco López (2003-2015) es uno de los responsables del ex gobierno kirchnerista que están siendo procesados por enriquecimiento ilícito. El 14 de junio de 2016 fue detenido cuando ocultaba casi US$9 millones y varias armas en un monasterio de la provincia de Buenos Aires.

Al declarar, este 10 de agosto, negó haberse enriquecido ilícitamente.

Ordenan detenciones y allanamientos. El juez que lleva la causa actualmente es Claudio Bonadio, el mismo que decretó la prisión preventiva contra la expresidenta en el marco de la querella que se inició a partir de la denuncia por el Memorándum con Irán, presentada por el fallecido juez Alberto Nisman.

Hasta el momento, en la causa en la que declará CFK este lunes, Bonadio dio la orden de detener a cerca de 20 personas involucradas del entorno de Julio De Vido, ex ministro de Planificación durante su gobierno, y varios empresarios.

 

El detonante de las detenciones son ocho cuadernos que, según el fiscal del caso, pertenecen a Óscar Centeno, el chofer del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta. La mujer de Centeno habría llevado al diario La Nación unos cuadernos donde el conductor anotaba en detalle todos los movimientos de los funcionarios.

Allí, Centeno registró supuestos recorridos de los bolsos llenos de dinero que Baratta y sus colaboradores realizaron desde 2005 a 2015, con horas, fechas, lugares y nombres, todo de puño y letra del chofer. Según la Justicia argentina, las anotaciones indican que se transportó dinero en bolsos hasta la residencia presidencial y al departamento particular de la familia Kirchner, en Buenos Aires.

La lista de detenidos es larga. Entre los 12 sospechosos ya aprehendidos se encuentran el secretario de Baratta, Nelson Lazarte, el exsubsecretario de Legales, Hugo Martín Larraburo, el expresidente de ENARSA (acrónimo de Energía Argentina S. A.) Walter Fagyas, el empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y el exdirector de Asuntos Jurídicos y Planificación Rafael Llorens.

La "ruta del dinero K”. Esta investigación se remonta a abril de 2013, cuando el periodista argentino Jorge Lanata, en su primer programa de esa temporada de "Periodismo para todos”, reveló que el empresario Lázaro Báez, amigo de Cristina y Néstor Kirchner, sacó del país 55 millones de euros y los transfirió al exterior por fuera del sistema legal. La investigación de Lanata indicaba que la ruta del dinero comenzaba en Río Gallegos, hacía escala en Buenos Aires y continuaba hacia cuentas en Suiza de empresas radicadas en paraísos fiscales, como, por ejemplo, Belice.

Según el relato del periodista, el transporte del dinero se hacía en efectivo, en billetes de 500 euros que viajaban en vuelos nocturnos privados desde Santa Cruz. Luego de ese primer programa, el juez argentino Sebastián Casanello inició una investigación judicial. Ese dinero, que, según las investigaciones se transportaba en bolsos, es el dinero de las coimas cuyos movimientos Óscar Centeno habría registrado en los ocho cuadernos que hoy se investigan.

 

El primo de Mauricio Macri también sobornó. Asimismo, el juez Bonadio ordenó la detención de Héctor Javier Sánchez Caballero, ex director general de la empresa Iecsa, una constructora que adquirió el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. De acuerdo con los cuadernos de Oscar Centeno, que reveló el diario La Nación, Iecsa habría entregado a los exfuncionarios kirchneristas cerca de US$8 millones. 

Calcaterra confesó este 6 de agosto que Iecsa le entregó al gobierno de Cristina Kirchner bolsos con dinero en negro. El primo de Macri quedó en libertad por haber colaborado con la Justicia. Iecsa era el pilar de la construcción de Socma, el emporio de Franco Macri y sus hijos, un holding con diversos negocios que incluían marcas desde Canale hasta Fiat. Fue una de las mayores empresas de ingeniería civil de Argentina y adjudicataria de importantes obras públicas.

Otros de los imputados son Oscar Parrilli, ex director de la Agencia Federal de Inteligencia hasta el fin del mandato de CFK, en diciembre de 2015, el ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina, quien admitió el 9 de agosto haber "recibido dinero de empresarios para campañas electorales”, el ex juez Norberto Oyarbide, que dice que lo "apretaron del cogote” para sacar las causas de los Kirchner, y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros. Además, se llevaron a cabo más de 30 allanamientos en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

El "Lava Jato” de Odebrecht en Argentina. El chofer de Roberto Baratta registró también un encuentro, el 5 de agosto de 2010, entre el titular de la filial local de Odebrecht, Flavio Bento e Faria, Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y Carlos Mundin, dueño de la firma BTU. Allí, Argentina habría pedido propinas millonarias para destrabar el proyecto para la extensión de redes troncales de gasoductos.

Según documentos vinculados al Lava Jato, a los que tuvo acceso el diario La Nación, Odebrecht pagó coimas a funcionarios argentinos desde 2007 por proyectos de redes de gasoductos y de la planta potabilizadora de agua AySA, en Paraná de las Palmas (Provincia de Buenos Aires), y, en 2008, por las obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

 

¿Juicios justos o persecución política? Este via crucis judicial que vive el kirchnerismo es visto por una parte de la sociedad como una persecución justa y necesaria para acabar con la corrupción, mientras la otra parte lo considera una caza de brujas motivada políticamente por la tendencia a la baja de la popularidad del gobierno de Mauricio Macri. Al igual que se vio en el debate sobre la despenalización del aborto, las investigaciones y sentencias contra exfuncionarios del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner dividen a la sociedad argentina.

La primera sentencia relevante a un alto cargo del kirchnerismo es la condena a cinco años y 10 meses de prisión por corrupción a Amado Boudou, exministro de Economía entre 2009 y 2011 y vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Fue declarado culpable en el "caso Ciccone”, un expediente que investigaba el rescate dudoso de una imprenta en quiebra que consiguió jugosos contratos para imprimir billetes de 100 pesos. Boudou se considera a sí mismo un perseguido político.

Esta condena a Boudou es un golpe a las primeras filas del kirchnerismo en una semana compleja a la que sigue otra semana de declaraciones, empezando este lunes con la misma expresidenta, acusada de ser la cabeza de la asociación ilícita que se quedó con fondos públicos. Si bien la expresidenta no puede ir a prisión por sus fueros de senadora, todavía está por verse cuáles serán las consecuencias políticas de la investigación.