Buenos Aires. La ex presidenta argentina y actual senadora opositora Cristina Fernández de Kirchner ha negado este viernes haber recibido un soborno a cambio de beneficiar a un empresario con un decreto mientras gobernó el país sudamericano.

"A mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis Gobiernos", asegura la exjefa de Estado en un comunicado que publica en su sitio de Internet con el título "Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida".

Fernández de Kirchner responde de esta manera a la declaración que dio a la Justicia el empresario Gabriel Romero, presidente de la compañía Emepa, que se presentó este jueves como imputado colaborador, o "arrepentido", en la causa que investiga una supuesta trama de sobornos pagados por empresarios a exfuncionarios kirchneristas.

Romero confesó haber pagado en 2010 sobornos por unos US$600.000 para que el entonces Gobierno de Fernández de Kirchner le extendiera a través de un decreto presidencial la concesión de explotación de la hidrovía Paraná-Paraguay, utilizada por el comercio marítimo desde la capital paraguaya y el este de Argentina hasta el Atlántico.

En su comunicado, CFK da una explicación acerca del recorrido que tuvo desde 2002 la resolución referida por Romero en la Justicia y que, hasta llegar a su firma, obtuvo el respaldo de diferentes organismos de control.

El empresario detalló que el pago fue en dos cuotas de US$300.000, la primera un día antes de que se publicara el decreto presidencial 113/2010 en el Boletín Oficial, la segunda poco después, según informó el diario La Nación.

Ese decreto, firmado por Fernández de Kirchner, prorrogó sin licitación pública la concesión de la vía navegable, el cobro de peajes y el dragado a la empresa Hidrovías S.A., de Romero y la firma belga Jan de Nul, hasta 2021.

Los cuadernos del chófer. En su comunicado, CFK da una larga explicación acerca del recorrido que tuvo desde 2002 la resolución referida por Romero en la Justicia y que, hasta llegar a su firma, obtuvo el respaldo de diferentes organismos de control gubernamental.

"Mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto (...) Ese decreto, finalizado todo el proceso explicado previamente, era para mí obligatorio firmar", consideró. 

Fernández de Kirchner se presentó a declarar este lunes ante la Justicia de su país. Existe la sospecha de que, junto a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), lideró una supuesta asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio del otorgamiento de contratos de obras públicas, según precisó en su momento el fiscal Carlos Stornelli.  

La investigación judicial comenzó a partir de una revelación del diario La Nación, que accedió a ocho cuadernos en los que el chófer de un exfuncionario kirchnerista detalló las fechas, las direcciones, los nombres y los montos de dinero de los supuestos pagos de fondos de empresarios a funcionarios.  

Entre las anotaciones, el chofer precisó, además, que el dinero era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas públicas.