Bogotá. El ex presidente colombiano Alvaro Uribe compareció este jueves ante una comisión legislativa que investiga las interceptaciones ilegales de comunicaciones a magistrados, periodistas y políticos de la oposición durante su gobierno, una causa que podría llevarlo a afrontar un juicio.

El tema de las escuchas ilegales fue uno de los principales escándalos que sacudió el segundo mandato de Uribe, quien estuvo en el poder en el periodo 2002-2010 después de que fue reelecto en el 2006 con una cuestionada reforma constitucional.

Las interceptaciones ilegales, las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de efectivos del Ejército y las adjudicaciones irregulares de subsidios agrícolas opacaron los logros de Uribe en la lucha contra la guerrilla izquierdista y el narcotráfico.

Uribe ha negado insistentemente haber ordenado a antiguos miembros de su gobierno o a los jefes de la central de inteligencia los seguimientos y las escuchas, contrario a lo que sostienen sus críticos y las víctimas de esos procedimientos ilícitos.

"Esta es la continuación de una larga cadena de infamias en contra de quien recuperó la seguridad. Ellos vivieron los ocho años de mi gobierno rodeados de garantías, criticaron y difamaron, pero rodeados de garantías. ¿Cuáles son mis garantías?". Alvaro Uribe.

"Esta es la continuación de una larga cadena de infamias en contra de quien recuperó la seguridad. Ellos vivieron los ocho años de mi gobierno rodeados de garantías, criticaron y difamaron, pero rodeados de garantías. ¿Cuáles son mis garantías?", se preguntó el ex mandatario.

Aplazamiento. La diligencia se aplazó indefinidamente después de que Luis Guillermo Pérez, el abogado de la ex senadora Piedad Córdoba, quien perdió su investidura por una decisión de la Procuraduría que la encontró responsable de tener vínculos con las FARC, presentó una recusación contra dos de los 15 parlamentarios que conforman la comisión legislativa.

La falta de quórum impidió a la comisión definir las recusaciones presentadas por el abogado de Córdoba, quien fue víctima de interceptaciones ilegales.

Los presidentes en ejercicio y los retirados gozan en Colombia de un fuero especial y solo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Si la comisión establece que hubo responsabilidad de Uribe deberá acusarlo ante el Senado, que en una sesión plenaria decidirá si lo absuelve o le impone una sanción que podría ser incluso la cárcel.

Pero la comisión tiene un histórico récord de ineficiencia y es controlada por parlamentarios de partidos que hacen parte de la coalición que respaldó a Uribe en sus dos períodos de Gobierno y apoya al actual mandatario Juan Manuel Santos.

"Aquí volveremos", dijo Uribe al conocer la decisión de la comisión legislativa de aplazar la diligencia.