Portillo compareció ante el tribunal tras ser extraditado a este país el pasado viernes, en una vista en la que se declaró inocente y su defensa anunció que pedirá su puesta en libertad bajo fianza.
Nueva York, EFE. El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo se declaró este martes inocente ante un tribunal federal de Estados Unidos de los cargos que se le imputan por conspiración para el lavado de dinero en este país.
Portillo compareció ante el tribunal tras ser extraditado a este país el pasado viernes, en una vista en la que se declaró inocente y su defensa anunció que pedirá su puesta en libertad bajo fianza.
Los abogados indicaron al juez federal Robert Patterson que presentarán, en un período de entre diez días y dos semanas, una propuesta para la puesta en libertad provisional de su defendido mientras se celebra el juicio.
Uno de los letrados, David Rosenfield, declaró a la prensa tras la vista que están "esperanzados" en que el juez acepte esta solicitud.
En la vista, que duró apenas un cuarto de hora, se leyeron los cargos contra Portillo y se fijó un período de un mes, hasta el 28 de junio, para que la acusación y la defensa puedan obtener pruebas adicionales a través de interrogatorios, declaraciones y documentos.
A partir de ahí, habrá nuevas fases del procedimiento y Rosenfield explicó que el juicio propiamente dicho no comenzaría hasta al menos dentro de un año.
Portillo, de 61 años, acudió al tribunal federal vestido con un traje negro y corbata roja y sus palabras apenas pudieron escucharse, debido a que estaba afónico a causa del frío que, según la defensa, hace en el Centro Correccional Metropolitano en el que está recluido desde su llegada.
El expresidente guatemalteco fue acusado en enero de 2010 por la fiscalía federal del distrito del sur de Nueva York de un cargo de conspiración para el lavado en cuentas bancarias de EE.UU. de decenas de millones de dólares obtenidos ilegalmente durante su mandato (2000-2004).
Si es declarado culpable de las acusaciones en su contra, Portillo podría ser condenado a un máximo de veinte años de cárcel y una multa de US$500.000 o el doble del dinero implicado en las transacciones ilegales.