El legislador Yonhy Lescano, integrante de la comisión que investiga los posibles actos de corrupción del gobierno de García (2006-11), adelantó la decisión del grupo parlamentario, que hará el pedido por escrito.
El ex presidente Alan García y sus ex ministros deberán informar sobre los bienes que tenían antes de entrar al gobierno de Perú y los que poseen ahora, anunció la comisión parlamentaria que los investiga.
El legislador Yonhy Lescano, integrante de la comisión que investiga los posibles actos de corrupción del gobierno de García (2006-11), adelantó la decisión del grupo parlamentario, que hará el pedido por escrito.
Advirtió que los interrogados están legalmente obligados a responder con informes que tendrán que fundamentar en detalle, reportó la agencia Prensa Latina.
Señaló el legislador que tal información será de utilidad para investigar eventuales casos de enriquecimiento ilícito, porque los reportes y las explicaciones del ex gobernante y sus colaboradores serán analizados rigurosamente.
Lescano explicó que los informes serán contrastados con los que presenten la Contraloría General de la República y otras instancias.
La Contraloría, en tanto, informó haber encontrado 14 "indicios claros" de delitos en el manejo de recursos del Fondo de Reconstrucción de la zona sur (Forsur) afectada por un terremoto en agosto de 2007, con un saldo de cerca de 600 muertos y cientos de miles de damnificados.
El gobierno creó Forsur y lo entregó a un grupo de empresarios allegados, con el argumento de que éstos tenían la capacidad necesaria para una pronta reconstrucción, pero la organización fracasó en medio de protestas sociales y denuncias de corrupción.
La llamada "megacomisión" del Congreso que integra Lescano debe examinar los casos de posible corrupción, salvo aquellos que son materia de investigaciones específicas.
La lucha contra la corrupción fue una de las banderas destacadas de la campaña electoral del presidente Ollanta Humala, cuya bancada parlamentaria impulsa un proyecto que declara imprescriptible ese delito, rechazado en primera instancia por una alianza opositora.
