Gustavo Martínez Luna, quien también es pareja de la hija de Otto Pérez Molina, había renunciado a su cargo el mes pasado para "no desgastar" al Gobierno ante los persistentes señalamientos de un supuesto enriquecimiento ilícito publicados por la prensa local.

Ciudad de Guatemala. El ex secretario del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue detenido este jueves junto a varios funcionarios acusados de tráfico de influencias, un nuevo golpe para el Gobierno tras una ola de escándalos de corrupción que han indignado al país centroamericano.

Gustavo Martínez Luna, quien también es pareja de la hija de Pérez Molina, había renunciado a su cargo el mes pasado para "no desgastar" al Gobierno ante los persistentes señalamientos de un supuesto enriquecimiento ilícito publicados por la prensa local.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente respaldado por Naciones Unidas, acusó a Martínez y a otros funcionarios, incluidos un ex ministro de energía, un ex jefe tributario y un juez, de integrar una lucrativa red de venta de favores.

Martínez, abogado de 56 años y cercano colaborador del mandatario, habría acomodado la agenda presidencial para concretar reuniones e interceder por la empresa de energía Jaguar Energy a cambio del pago de al menos US$120.000 en comisiones, según las investigaciones.

"El señor Martínez programaba reuniones con Pérez Molina. Era un hombre muy eficiente y por la forma como aparece actuando fue un aprovechamiento de sus beneficios para Jaguar Energy", dijo Iván Velásquez, comisionado CICIG, en una rueda de prensa en la que aseguró tener documentos que respaldan sus aseveraciones.

No fue posible contactar inmediatamente a Jaguar Energy para obtener declaraciones.

Este caso sigue a los escándalos en las aduanas y la corrupción en el seguro social del país, que han llevado a decenas de funcionarios a la cárcel, incluido el jefe del Banco Central, y motivaron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y varios miembros del gabinete.

Martínez, ex jefe del oficialista Partido Patriota, revisaba los acuerdos y normativas que emanaban de la Presidencia y se encargaba de los asuntos jurídicos de Pérez Molina.

Una comisión legislativa recomendó la semana pasada retirar la inmunidad al presidente para que se le investigue después de los escándalos salpicaran a varias personas de su círculo de confianza, una decisión que debe tomar el pleno del Congreso, que todavía no ha fijado una fecha para la votación.

Los guatemaltecos han protagonizado una inédita serie de manifestaciones para exigir la renuncia del mandatario conservador a pocos meses de las elecciones, en las que los primeros sondeos adelantan un hundimiento del oficialismo. La ley prohíbe a Pérez Molina buscar un segundo período.

"No voy a renunciar. Voy a seguir en esta lucha", aseguró el miércoles Pérez Molina tras una reunión con funcionarios estadounidenses, incluido el consejero del Departamento de Estado Thomas Shannon, sobre el multimillonario programa de ayuda a Centroamérica para frenar la migración ilegal.

"Aunque me retiren la inmunidad, voy a cumplir con lo que dice la ley. No tengo nada que ocultar", agregó el general retirado, cuyo mandato finaliza en enero de 2016.