“Esto huele a tráfico de influencias, información privilegiada y fortunas no aclaradas”, afirmó la ex ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, al comentar el contexto en el que accedieron a un millonario crédito el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y su mujer, Natalia Compagnon, hecho cuestionado luego que se supiera que les fue otorgado sin contar con el capital que se requiere para una deuda de $6.500 millones (más de US$10 millones).

La cifra que tras varios intentos fallidos en distintas instituciones financieras, fue otorgada por el Banco de Chile luego de una reunión del matrimonio Dávalos Compagnon con el vicepresidente de la entidad, Andrónico Luksic.

El empresario y dueño del banco permitió la tramitación del préstamo para adquirir los predios a precio de suelo agrícola y que tras ser vendidos a un valor de suelo urbano, dejaría con una suculenta ganancia a la sociedad Caval Ltda. de la que son dueños el hijo y la nuera de la Jefa de Estado y pagar tranquilamente y en una cuota la deuda.

A juicio de la ex vocera de la administración del presidente Sebastián Piñera, el artículo de la revista Qué Pasa publicado el pasado viernes 6 de febrero, motiva a cuestionarse que  el director del área sociocultural de la Presidencia no quiera declara su patrimonio.

“Más dudas da el hecho de que Dávalos, manejando más de $200 mil millones del presupuesto nacional, se niegue a hacer su declaración de patrimonio e intereses”, señaló Pérez a diario Pulso.

La ex secretaria de Estado enfatizó que lo ocurrido es “indignante” para otros emprendedores que solicitan créditos que se les niegan por no tener trayectoria o un capital. Contrariamente a lo que ocurrió en el caso Caval.

Posible querella. En tanto, legisladores de oposición señalaron que este hecho debe investigarse y por ello evalúan la presentación de una querella.

Así lo planteó la diputada UDI Marisol Turres, precisando que de acuerdo a la información que tiene, un banco no puede otorgar un crédito más allá del 30% del patrimonio que tiene una persona jurídica.

“Quiero ver si existe alguna figura penal para que esto sea investigado por el Ministerio Público, porque en nuestro país lo que pedimos es que haya mayor transparencia entre el dinero y la política”, agregó.

A su turno el diputado José Manuel Edwards (RN), también apuntó a un posible uso de información privilegiada y sostuvo que analiza con qué fórmula recurrir a la Justicia para que los hechos sean investigados.

“Hay un potencial tráfico de influencias y uso de información privilegiada, lo que perfectamente puede ser constitutivo de delito, por lo tanto, vamos a llevar a cabo las acciones que correspondan, estamos evaluando con los abogados para anunciarlas”, sostuvo el parlamentario.