Montevideo. Dos discusiones que generaron rispideces en el gobierno uruguayo, como el secreto bancario y la relación con Argentina, se reeditarán pronto, ahora fomentadas por un mandato del exterior.

Y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) determinó que el camino elegido por el gobierno para habilitar el acceso a datos de cuentas bancarias con fines fiscales es engorroso, lo que puede obligar a replantear una nueva flexibilización sobre la que no todos están de acuerdo en el oficialismo.

El vicepresidente Danilo Astori informó a El Observador que el secreto bancario no se volverá a modificar, “quedará como está”, dijo, mientras la presidencia prefiere mantener el silencio y que hable el ministro Fernando Lorenzo (Economía), según comentó el presidente José Mujica.

En la última campaña preelectoral, el secreto bancario irrumpió en escena cuando el entonces candidato José Mujica de la noche a la mañana propuso modificarlo, lo que le valió críticas de todos los colores. Mujica entonces tenía información de que la OCDE, por presiones de Argentina y Brasil efectuadas en el marco del G20, sancionaría a Uruguay y lo colocaría en una lista negra, lo que finalmente ocurrió, por unas horas, en abril de 2009.

El gobierno de Tabaré Vázquez debió apurarse a prometer que adoptaría los estándares exigidos internacionalmente, lo que le valió al país ser movido a una lista gris de países “poco colaboradores” con el combate a la evasión fiscal, en la que aún permanece.

“Es una victoria que no me gusta”, reflexionó Mujica cuando la realidad le dio la razón.

En aquellos años, su rival en la interna del Frente Amplio, el ex ministro de Economía Danilo Astori, realizó una defensa acérrima a favor de mantener el secreto bancario, considerándolo un diferencial y un atractivo del país. Astori debió ceder ante la realidad impuesta por la OCDE.

Las exigencias del organismo fueron, originalmente, la obligación para Uruguay de firmar un mínimo de 12 acuerdos de intercambio de información tributaria, y permitir el acceso a datos bancarios.

A la fecha, el país cerró 10 negociaciones con países que no son considerados por la OCDE como “relevantes”, y mencionó explícitamente la necesidad de suscribir acuerrdos con Argentina y Brasil. Esas observaciones impidieron esta semana a Uruguay salir de la lista gris.

Otro punto de debate en la interna del gobierno será cómo posicionarse ante el planteo formal presentado por Argentina –vía cancillería según supo El Observador– para firmar un tratado que le permita conocer los bienes de sus connacionales en territorio uruguayo.

El presidente Mujica ya tomó la decisión de negociar ese tratado con el gobierno argentino y así lo comunicó a sus ministros hace un mes, informó el semanario Búsqueda. El punto parece ser de fricción. Astori dijo a El Observador el miércoles que se planteará un acuerdo que involucre a todos los socios del Mercosur para no negociar en forma bilateral con Buenos Aires.

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que por esa vía se negociará con una agenda amplia de temas pendientes –aranceles, energía, dragado de canales, trabas a las exportaciones–, lo que demorará su tratamiento y dará tiempo, quizá años, antes de intercambiar datos fiscales.

Donde parece que no habrá mayores problemas es en adaptar la normativa a la exigencia de cambiar el sistema de acciones al portador, lo que no implica su eliminación.

En el gobierno gana puntos la idea de clonar el sistema alemán, donde un organismo estatal –similar a la DGI– registra los nombres de los propietarios de las acciones y los debe entregar en caso de ser solicitados por fiscos con los que se tenga convenios. Ese fue el ejemplo mencionado por Astori como “posible” para Uruguay.