La Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido 1,177 denuncias contra igual número de militares, acusados de actos de tortura desde el año 2008, cuando los efectivos militares cumplían dos años en labores de seguridad en las calles por ordenamiento presidencial, a la fecha.

En otros 23 casos, la PGR dijo que accedió a iniciar el Protocolo de Estambul, para determinar el grado de tortura denunciado, sobre todo durante los procedimientos de detención de personas.

En la respuesta a la solicitud de información, con folio 00017000300714, la PGR destacó que en el 2006 no recibió ninguna denuncia contra militares por el delito de tortura, lo mismo que en el 2007, al cumplirse un año del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.

Sin embargo, para el 2008, cuando el Ejército ya cumplían dos años en tareas de seguridad en las calles, la PGR comenzó a recibir las primeras denuncias por actos de tortura.

En ese año se presentaron cuatro denuncias y en un quinto caso, la PGR accedió a iniciar el Protocolo de Estambul, que obliga a los gobiernos a investigar y documentar los incidentes de tortura y otras formas de maltrato, y castigar a los responsables de manera comprensiva, efectiva, tácita e imparcial.

En un hecho que causó un intercambio verbal y epistolar entre la ONU y el gobierno de México, el pasado 8 de marzo, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, presentó un informe donde explicó que la tortura y malos tratos en México por parte de las autoridades son generalizados.

Para el 2009, según el documento de la PGR, apenas se presentaron ante el Ministerio Público federal tres denuncias. Un año después, aumentó a seis el número de casos iniciados. Para el 2011, llegaron a 63 las denuncias ante fuero civil y en otras dos denuncias la PGR inició el Protocolo de Estambul.

La respuesta de la PGR no precisa el número de elementos castrenses que han sido ya sancionados, a pesar de que la solicitud de información así lo pide.

En el 2012 aumentaron en 54.3% respecto del año anterior las denuncias recibidas, pues se presentaron 116 querellas contra efectivos militares y en un caso más se actuó con el protocolo.

El reporte de la PGR mencionó que para el 2013, el primer año del actual gobierno federal, aumentaron a 271 las denuncias penales, y en otros 13 casos la procuraduría activó el Protocolo de Estambul.

En ese año, el 21 de noviembre, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, informó que del 2005 a entonces, la CNDH documentó 34,385 quejas, concentradas en cateos ilegales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura contra servidores públicos adscritos a las áreas encargadas de seguridad pública federal, cifra que representa un incremento de 84% en los últimos tres años.

Finalmente, el documento de la PGR reconoce que en el 2014 repuntaron a 714 las denuncias presentadas contra militares por actos de tortura durante sus misiones. La PGR precisó que en otros seis casos aplicó el Protocolo de Estambul.

En un hecho que causó un intercambio verbal y epistolar entre la ONU y el gobierno de México, el pasado 8 de marzo, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, presentó un informe donde explicó que la tortura y malos tratos en México por parte de las autoridades son generalizados.

Dijo que varios casos documentados demuestran “la frecuente utilización de torturas” en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales, y federales, agentes ministeriales y fuerzas armadas. Méndez visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo del 2014 para recabar la información del informe sobre tortura y otros tratos o penas crueles.

De acuerdo con el relator, en México se detiene para investigar, en lugar de investigar para detener y la figura del arraigo, considerado en el informe como violación al derecho de la libertad personal, viola el principio de presunción de inocencia y expone al detenido a torturas.

El canciller, José Antonio Meade, rechazó el informe al indicar que el relator de la ONU sólo aportó información de 14 casos, 13 de los cuales ya presentan avances significativos para su atención.

La tortura es considerado un delito federal, por lo que cualquier denuncia por ese acto tiene que presentada ante el Ministerio Público Federal. Antes de la reforma que acotó el fuero militar, la PGR recibía las denuncias y esperaba a que la justicia militar solicitara la atracción del caso o lo turnaba. Con la reforma al Código de Justicia Militar, que entró en vigor el 14 de junio del 2014, la PGR ya puede iniciar averiguación previa contra un efectivo militar cuando esté involucrado un civil.