Aunque algunos especialistas señalan la necesidad de regular las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública a fin de brindarles “certeza jurídica”, y otros lo consideran como un “despropósito”, ambas posturas coinciden en que es responsabilidad de los gobiernos locales la formación de policías confiables que cumplan con su función de proteger a la ciudadanía.

Para María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, hace falta que tanto los gobernadores como los presidentes municipales “tengan una verdadera señal de incentivos y castigos fuertes para quien no cumpla con su tarea de preparar a sus policías; mientras esto no suceda los gobernadores están muy cómodos”.

En tanto, Javier Oliva Posada, investigador de la UNAM y especialista en seguridad nacional, indicó que regular las tareas de las Fuerzas Armadas “es un despropósito, un error grave en el que ya no se puede aducir desconocimiento”, pues más que regular las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, “se deben transformar a las corporaciones policiacas locales”.

“El tema no es las fuerzas armadas, sino qué parte de la cadena institucional no está cumpliendo su función, y en este caso los gobernadores y los presidentes municipales, que son una enorme mayoría, son los que han caído en falta para cumplir con esta responsabilidad que la ley les asigna”, dijo en entrevista.

“Tanto Fox, Calderón y Peña han improvisado medidas, han rayado en las ocurrencias y esto ha llevado a que no haya continuidad, (...) los cambios son tan importantes y de fondo que es muy difícil que se le dé continuidad entre una administración y otra a un problema constante que es la inseguridad pública”.

Morera Mitre recordó que existen reclamos para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, además para que se generen iniciativas para ofrecerles certeza jurídica; sin embargo detalló que de las dos existentes, en este sentido, no se logra “darles facultades”, establecer controles y que al mismo tiempo se “esté alineado con el regreso a los cuarteles y con la profesionalización de la policía”.

“Estamos en un problema enorme porque en este momento no se puede decidir mandarlos a los cuarteles cuando hay estados como Michoacán, Guerrero, parte del Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa, no podrían estar sin que haya miembros del Ejército y la Marina en las calles”, indicó.

El otro problema, manifestó, es que al no haber un “compromiso” de los gobernadores para profesionalizar a las policías locales, con el despliegue del Ejército en sus estados se deshacen de la responsabilidad. “Cuando las cosas salen mal pues el Ejército o la Marina estaban ahí, y si salen bien, ellos tienen el éxito”.

“El problema no nada más son los gobiernos estatales sino que Gobernación no ha hecho su parte de la tarea, porque a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberían estar haciendo evaluaciones a las policías estatales y poniendo castigos verdaderos a quien no cumpla y como esto no sucede, cada quien hace lo que se le pega la gana”, refirió.

Aparte, Oliva Posada, quien realiza una estancia en la London School of Economics (LSE) en temas de Defensa, Seguridad e Inteligencia, añadió que desde la administración de Vicente Fox a la actual de Enrique Peña Nieto, se ha trabajado de manera conjunta con los poderes Legislativo y Judicial para formular un planteamiento integral contra el crimen organizado como ocurrió en Italia y Colombia.

“Tanto Fox, Calderón y Peña han improvisado medidas, han rayado en las ocurrencias y esto ha llevado a que no haya continuidad, (...) los cambios son tan importantes y de fondo que es muy difícil que se le dé continuidad entre una administración y otra a un problema constante que es la inseguridad pública”, dijo.

Se aceptaría el fracaso. Refirió que al regular las acciones de las Fuerzas Armadas sería aceptar el fracaso de las políticas y programas para lograr el funcionamiento de las policías locales, además de que con ello se va a “desnaturalizar las funciones y la visiones de manera estructural que tienen”.

En este sentido indicó que el error de la actual y las pasadas administraciones ha sido “el privilegiar la fuerza como argumento para contención de la criminalidad”, cuando lo que se tiene que atacar son las causas de ésta, no sus efectos. “El fondo es estructural”.

Sobre la propuesta presentada por el diputado César Camacho dijo que al verla con detalles se busca darle permanencia en las actividades de seguridad pública a las Fuerzas Armadas “y eso es justamente lo que no se necesita”.

“Yo creo que ya lo que resta del sexenio difícilmente habrá un cambio de fondo y sí creo que esta discusión tiene que servir para que el próximo gobierno de la República haga una transformación, no reforma, del tema de defensa, seguridad e impartición de justicia”, concluyó.

La discusión arrancaría en San Lázaro. La Cámara de Diputados será cámara de origen en la discusión y dictaminación de la Ley de Seguridad Interior que tiene como objetivo regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, informó que hay consenso para que el proceso de dictaminación sobre seguridad interior inicie en la Cámara de Diputados durante un periodo extraordinario de sesiones.

No obstante, afirmó, se busca que las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional sean analizadas y discutidas en un trabajo de conferencia entre el Senado y la Cámara Baja.

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños (PAN), afirmó que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional podrían discutirse en un periodo extraordinario.

De acuerdo con los legisladores, se busca que los integrantes de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de ambas cámaras del Congreso establezcan una ruta de trabajo con base en las iniciativas presentadas. Lo anterior a efecto de que en enero pueda haber un producto legislativo y eventualmente convocar a un periodo extraordinario de sesiones.