El presidente José Mujica ratificó a la dirigencia de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) que el gobierno aplicará impuestos a los propietarios de mayores extensiones de campos y les informó que se restringirá la venta de tierras a extranjeros.

El mandatario señaló a los ruralistas que los inversores foráneos que compren tierras en Uruguay deberán radicarse en el país y que, en ese sentido, se facilitará el otorgamiento de cartas de ciudadanía, un trámite que con la legislación actual demora muchos meses en concretarse.

En la tarde del miércoles 27, Mujica recibió a una delegación de ARU encabezada por su presidente, Rubén Echeverría e integrada además por los directivos de la institución, Gerardo García Pintos y Guzmán Tellechea.

La ARU entregó un memorando con varios planteos y durante la conversación con el mandatario apuntó en primer lugar al equilibrio macroeconómico, manifestando su preocupación sobre el exceso de gasto público y la eficiencia de ese gasto.

Mujica coincidió en que había un gasto excesivo y que también a nivel de intendencias había algunas comunas que hacían bien las cosas con austeridad, pero otras no tanto y que tienen muchos empleados públicos.

Los dirigentes rurales expresaron luego que compartían el gasto social que está haciendo el gobierno. Sostienen, sin embargo, que el ese apoyo no puede desestimular el esfuerzo y el hábito de trabajo, que es bueno que no se pierda en la población.

También conversaron acerca de las diferencias en el tipo de cambio, que preocupa por la pérdida de competitividad que genera. Los ruralistas le presentaron a Mujica una gráfica y compararon la actual situación con la crisis que vivió el país en el año 1982.
Según Mújica, se trata del ingreso de muchos dólares al país como resultado de las inversiones extranjeras que han llegado y que es un tema que lo tiene muy bien agendado.

Con respecto a la tributación agropecuaria la ARU le trasmitió al mandatario que no consideraba conveniente que se planteara un cambio en ese sentido. Mujica le contestó que no creía que la iniciativa de gravar a los grandes terratenientes modificara sustancialmente el déficit fiscal puesto que no era de gran significación.

La ARU sostuvo que no era partidaria de crear un impuesto ciego a la tierra, como sería un impuesto fijo al Patrimonio y un aumento a la Contribución Inmobiliaria Rural, porque el productor depende mucho del clima, de los mercados y de aspectos sanitarios. Si un año un productor no tiene rentabilidad no es justo que pague, por eso entienden que es mejor un impuesto basado en la rentabilidad y evitar que el productor se desfinancie, dijo Echeverría.

Mujica expresó que no compartía esa opinión. Sostuvo que a quienes tienen muchas hectáreas de campos hay que ponerles algún impuesto porque compraron campos muy baratos en la crisis y ahora los pueden vender a valores muy superiores.

Acerca de la inquietud del gobierno sobre la concentración de la tierra, les manifestó que se sigue trabajando en procura de crear un impuesto a los tenedores de más de 2.000 hectáreas (ver Apunte). “Le expresamos que no era conveniente, pero es evidente que es un tema ideológico”, sostuvo Echeverría a El Observador.

También hablaron sobre el tema minería. La dirigencia de ARU expresó su apoyo a los productores afectados por esta situación, ya que en sus campos pueden ser afectados por proyectos para la extracción de minerales.

Además dialogaron sobre la inseguridad rural, los copamientos y el abigeato que continúa a pesar de que es muy poco lo que se denuncia. La ARU entienden que es un problema no de la Policía, sino de la órbita judicial que en poco tiempo liberan a los responsables de este tipo de delitos, dijo Echeverría.