México D.F. La investigación sobre la desaparición de una niña terminada de manera desprolija, el supuesto secuestro de un líder político no se resuelve y que al principal sospechoso del asesinato de su esposa se le permite regresar a su casa en California en extrañas circunstancias.

Una sucesión de casos mal manejados en los últimos meses ha expuesto las crónicas deficiencias del sistema judicial de México, en momentos en que el presidente Felipe Calderón enfrenta a los poderosos cárteles del narcotráfico.

Calderón, que comenzó su presidencia en diciembre de 2006 lanzando una guerra contra los cárteles en la que han muerto más de 26.000 personas, logró la aprobación de reformas de vasto alcance al sistema judicial hace más de dos años para frenar la corrupción y acelerar los procesos.

Pero recientes fallas por parte de policías y fiscales en sonados casos criminales dejó claro que aún falta para que se implemente la reforma y tardarán en erradicarse las falencias de la justicia en la segunda economía latinoamericana.

Uno de los casos de más impacto fue el de la desaparición de la niña Paulette Gebara, de 4 años, donde la policía del populoso Estado de México quedó en ridículo cuando dijo haber hallado el cadáver de la niña en su propia cama una semana después de que supuestamente habían revisado la casa de arriba a abajo buscándola.

El ex senador Diego Fernández de Cevallos, un importante líder del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), desapareció el 15 de mayo cuando su coche abandonado fue hallado cerca de su rancho con manchas de sangre.

A pesar de la presión del propio Calderón por resolver el caso, las autoridades abandonaron la investigación a pedido de la familia, que se cree está utilizando investigadores privados en una muestra de la escasa confianza en el sistema judicial.

Las preocupaciones sobre cómo se conducen las investigaciones sobre delitos aparecieron de nuevo en junio cuando Bruce Beresford-Redman, ex productor de la exitosa serie de televisión estadounidense "Survivor", apareció en California en momentos en que era investigado por las autoridades del balneario mexicano de Cancún, donde su esposa fue asesinada.

"Vemos asuntos que no se resuelven y al contrario, se agravan y dejan una sociedad muy lastimada, una sociedad sin respuestas", dijo José Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Lenta puesta en marcha. Calderón, un abogado de profesión, siempre ha mostrado interés en hacer que el sistema de justicia funcione.

El mes pasado, un candidato a gobernador del opositor Partido Revolucionario (PRI) fue asesinado por presuntos sicarios del narcotráfico en el norteño estado de Tamaulipas, en el homicidio político más grave perpetrado en 16 años.

Hasta ahora no hay personas detenidas en el caso del asesinato de Rodolfo Torre.

La organización civil Causa Común estima que en México, sólo 5 de cada 100 crímenes cometidos son castigados. Ortega dijo que según estadísticas del Gobierno, 91,5% de los delitos reportados no se castigan.

En México abundan historias de personas encarceladas sin juicio o que fueron torturadas para arrancarles una confesión.

Guillermo Vélez, de 33 años y empleado de un gimnasio de la Ciudad de México fue arrestado en 2002 por sospechas de secuestro. Al día siguiente, Vélez falleció en una cárcel y las autoridades dijeron que su muerte se debió a causas naturales.

Casi nueve años después, el fiscal involucrado en el caso admitió que los cargos eran falsos mientras el padre de Vélez sigue defendiendo a su hijo.

"Voy a seguir luchando hasta que admitan que lo torturaron y lo mataron", dijo a Reuters Guillermo Vélez Pelayo.

Intimidación, corrupción, tortura e incompetencia en la investigación de crímenes son sólo algunos de los problemas del sistema de justicia de México.

Actualmente, la mayoría de los juicios se realiza a puerta cerrada y recae en testimonios escritos entre abogados y jueces. Además, 40% de los reos en las saturadas cárceles del país esperan un juicio, algunos de ellos desde hace años, de acuerdo con activistas.

La reforma judicial busca que los juicios orales se extiendan e introducen la presunción de inocencia. También buscan que las autoridades puedan detener a sospechosos de pertenecer al crimen organizado durante 80 días en vez de las 72 horas anteriores.

La implementación de los cambios se ha dejado a los estados, lo que significa que en el país puede haber 32 diferentes interpretaciones de los juicios orales, dijo Martín Barron, especialista en prevención del crimen en una agencia gubernamental.

"Sigue siendo un sistema de corrupción enorme, lo cual provoca que el sistema no se ha podido implementar como debería", opinó María Elena Morera, de Causa Común.

En mayo, Calderón llamó a los estados a acelerar la implementación de la reforma. El mandatario dijo que siete entidades habían completado las reformas.

Algunos escépticos incluso dicen que juicios orales realizados en Ciudad Juárez, donde se registra el mayor número de asesinatos, han llevado a más intimidación en varios casos debido a que las víctimas y sus familiares se enfrentan cara a cara con sus agresores.