Santiago. Familiares de víctimas del tsunami que siguió al terremoto de febrero de 2010 en Chile pidieron este miércoles en una carta pública a la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) que declare en forma "vountaria" ante la justicia por "negligencia" de autoridades de su gobierno en el manejo de la emergencia.

Los deudos aludieron al sentimiento "de profundo dolor y congoja por aquellos seres queridos que no estarán con nosotros en estas fiestas".

Argumentaron "la negligencia inexcusable" de autoridades políticas y militares bajo el mando de Bachelet el 27 de febrero de 2010 en la Oficina Nacional de Emergencias (Onami) cuando el terremoto y un posterior maremoto sacudieron las costas del centro del país.

El ministerio Público indaga la responsabilidad de autoridades del gobierno de Bachelet (2006-2010) por descartar un maremoto que finalmente sobrevino al sismo 8,8 grados de magnitud Richter y que dejó 156 muertos y 25 desaparecidos.

En conjunto, el terremoto y tsunami provocaron la muerte de 524 personas.

El ente persecutor, que interrogó como testigo en 2011 a la ahora titular de la agencia ONU Mujeres, resolvió en mayo pasado formalizar al ex subsecretario (viceministro) del Interior Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, junto a otras seis personas.

Los encausados, cuatro uniformados entre ellos, enfrentan cargos por el cuasidelito de homicidio por las fallas de alerta durante el tsunami de 2010.

Organizados en torno a la Fundación Dialoga, el grupo confía en Bachelet "regale a Chile y a los familiares de las víctimas del Tsunami su comparecencia voluntaria ante la Fiscal Huerta antes de su retorno a la ONU para que aclare definitivamente si fue Usted, quien asumió íntegramente el mando de autoridad el día 27F de 2010".

La oposición de centro izquierda ha denunciado que existe una campaña orquestada desde el oficialismo de derecha contra Bachelet, una acción que relaciona con la expectante posición que ocupa en la encuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2013 en Chile.

Los defensores de la ex jefa de Estado argumentan que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo durante la emergencia tras el cataclismo, estaban basadas en criterios técnicos aconsejados por expertos de la Onemi y la Armada chilena.