Las declaraciones de Fernández zanjan la polémica sobre las supuestas intenciones del oficialismo de proponer una reforma constitucional que abriría la puerta a una segunda reelección de la presidenta para un tercer mandato.
Buenos Aires, EFE. La presidenta argentina, Cristina Fernández, zanjó este martes los rumores sobre supuestos planes del oficialismo para modificar la Constitución para abrir paso a una nueva reelección presidencial al afirmar que no impulsará cambios en la Carta Magna.
"No voy a proponer ninguna modificación de la Constitución", sostuvo la presidenta durante un acto multitudinario en el popular distrito de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, donde defendió la polémica reforma judicial que le ha provocado un enfrentamiento con la oposición y con organizaciones de jueces y abogados.
Fernández admitió que la reforma no es "el milagro o la panacea", sino "simplemente un instrumento, seis instrumentos, seis leyes", que el oficialismo está sacando adelante en el Congreso.
En este sentido, admitió que para que la reforma fuera completa habría sido necesario que la Constitución pudiera "ser modificada", pero descartó proponerlo.
Las declaraciones de Fernández zanjan la polémica sobre las supuestas intenciones del oficialismo de proponer una reforma constitucional que abriría la puerta a una segunda reelección de la presidenta para un tercer mandato.
Cristina Fernández eligió el cierre del congreso sobre democratización de la Justicia organizado en la Universidad de La Matanza para realizar el anuncio, en un gesto que algunos medios locales interpretan como el pistoletazo de salida de la campaña oficialista para las elecciones legislativas del próximo octubre, en el ecuador de su mandato.
La reforma impulsada por el gobierno amplía la composición del Consejo de la Magistratura y habilita la elección popular de sus miembros.
Además, la propuesta limita la posibilidad de presentar medidas cautelares contra el Estado y crea tres cámaras de casación, entre otras iniciativas.
El gobierno argentino defiende que los cambios pretenden "democratizar el Poder Judicial", pero la oposición y organismos internacionales, incluida una relatoría de la ONU, advierten que suponen "la politización" de la Justicia y ponen en riesgo su independencia.
La reforma coincide, además, con el aumento de los escándalos por corrupción que salpican al entorno presidencial y que han llegado a la Justicia, que investiga causas por asociación ilícita.
Entre los testigos de uno de los procesos abiertos figura la secretaria del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, que declaró hoy ante un juez de Buenos Aires, a puerta cerrada, tras revelar en un programa de televisión que colaboradores del ex mandatario trasladaban bolsas de dinero desde la casa de gobierno a la residencia familiar del matrimonio presidencial.
Sus revelaciones se suman a las denuncias periodísticas sobre la supuesta relación del empresario Lázaro Báez, estrechamente ligado a Kirchner, con presuntas actividades de lavado de dinero.
Báez acudió este martes a la fiscalía de Río Gallegos y se puso a disposición de la justicia para tratar de demostrar su inocencia.
Entretanto, el gobierno, que se había mantenido en silencio hasta ahora, salió a descalificar las denuncias asegurando que son "chusmeríos" de "alcahuetes mediáticos".
Mientras el Ejecutivo de Cristina Fernández carga contra la prensa, el jefe de gobierno de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, firmó este martes un decreto de necesidad y urgencia "para la protección de la libertad de prensa y expresión" en la ciudad.
"El orden jurídico nos obliga a resguardar la libertad de prensa y expresión, no es una alternativa, es una obligación", aseguró Macri en una improvisada rueda de prensa.
"En términos prácticos, el decreto afirma la autonomía de la ciudad y enmarca una protección para los periodistas en nuestro territorio", concluyó.
La decisión de Macri coincide con un incremento de la tensión entre el gobierno de Fernández y el Grupo Clarín, el principal multimedia del país, que ha denunciado un aumento de la presión oficial contra el holding con 14 peticiones de información de la Comisión del Mercado de Valores en los últimos cuatro días.
