El fiscal general Rodrigo Janot consideró unos mensajes telefónicos interceptados en una petición al Supremo Tribunal Federal de Brasil para que lleve a cabo una investigación formal al ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, reportó Folha al publicar extractos de los mensajes.
Brasilia. El fiscal general de Brasil encontró evidencia que vincula al ministro de Turismo del presidente interino Michel Temer con la trama de corrupción en la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA, informó este lunes el diario Folha de S. Paulo.
El fiscal general Rodrigo Janot consideró unos mensajes telefónicos interceptados en una petición al Supremo Tribunal Federal de Brasil para que lleve a cabo una investigación formal al ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, reportó Folha al publicar extractos de los mensajes.
Los mensajes supuestamente muestran a Alves ofreciendo apoyo político a la constructora OAS Engenharia aparentemente a cambio de donaciones de campañas políticas financiadas con el dinero tomado ilegalmente de Petrobras. Alves, del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), postuló para el cargo de gobernador del estado de Rio Grande do Norte en 2014.
OAS Engenharia es una de las varias empresas de ingeniería cuyos ejecutivos han sido condenados por tribunales locales por su participación en el escándalo de corrupción y lavado de dinero en Petrobras.
El ministro de Turismo ha dicho en repetidas ocasiones que todas las donaciones de campaña fueron legales. La oficina del fiscal general no respondió de inmediato a una solicitud para efectuar comentarios.
Alves es el tercer ministro en el gabinete de Temer que es relacionado con el masivo esquema de corrupción en Petrobras desde que su Gobierno provisional asumió el poder a inicios del mes pasado.
En espacio de una semana, Temer sufrió la salida del ministro de Planificación Romero Juca, una figura clave en la aprobación de medidas de austeridad en el Congreso, y del ministro a cargo de la lucha contra la corrupción, Fabiano Silveira, después de la filtración de unas grabaciones que sugieren que habían tratado de frenar la investigación en Petrobras.
El Senado de Brasil aprobó el mes pasado la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff durante un máximo de seis meses para que sea juzgada por una presunta violación de las normas presupuestarias.
