San Salvador. Cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador eligió al poco conocido Douglas Meléndez como fiscal general en el 2016, la mayoría pensaba que era solo otro nombramiento en un país donde la corrupción usualmente queda impune.

Pero en menos de tres años, Meléndez ha encarcelado a un ex presidente, ha investigado a otro y tiene en la mira a un tercero. También ha encarcelado a su antecesor, varios jueces y un importante empresario, entre otros.

Algunos en la clase política salvadoreña ya han visto suficiente.

El Congreso debe votar antes del 5 de enero si el fiscal de carrera de 52 años puede permanecer otro período de tres años. Pese al apoyo internacional, Meléndez tiene poderosos detractores en el partido gobernante de izquierda. Los legisladores podrían votar si confirman o no a Meléndez esta semana.

Incluso si sobrevive a la votación, es probable que continúen las reacciones en su contra. Meléndez ha denunciado amenazas de muerte. Y el candidato que aventaja en los sondeos para las elecciones presidenciales de febrero ha mencionado la posibilidad de una pena de cárcel para el fiscal.

La Fiscalía General de El Salvador estaba infiltrada por el crimen organizado cuando llegó, afirma Meléndez. Actualmente está procesando a su predecesor, Luis Martínez, por los supuestos delitos de lavado de dinero, negociaciones ilícitas y otros crímenes.

El Gobierno de Estados Unidos ha pagado autos blindados para que el equipo de Meléndez y ahora su familia viaje con guardaespaldas.

"No tenemos muchos aliados", dijo Meléndez en una entrevista, en sus oficinas en una lujosa zona en las afueras de San Salvador. "Muchas veces el funcionario que hace o pretende hacer su trabajo de forma independiente se vuelve incómodo y eso trae repercusiones".

La creciente presión de Meléndez es la última señal de que una cruzada anticorrupción, que barrió partes de Latinoamérica en los últimos años, puede estar tambaleándose.

Jueces y fiscales de toda la región han avanzado notoriamente en la limpieza de la política de la región. Además de El Salvador, Perú, Guatemala y Brasil han acusado y encarcelado a expresidentes.

Pero esas depuraciones de alto nivel han generado resistencias entre los actores políticos, cuyo poder está amenazado por esa limpieza.

En Guatemala, el presidente conservador Jimmy Morales se negó a renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por Naciones Unidas que lo investiga por corrupción.

Establecida para ayudar al sistema de justicia en Guatemala para poner fin a décadas de impunidad, la CICIG ayudó a remover a su predecesor en otro caso de corrupción, y ganó una sentencia de 15 años para un vicepresidente.

Morales ha dicho que la CICIG violó la Constitución y el debido proceso y que era una "amenaza para la paz".

En Honduras, el jefe de una institución similar MACCIH, respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA), renunció por falta de apoyo de las autoridades.

"Están sucediendo cosas buenas, pero es increíblemente frágil", dijo Eric L. Olson, un experto en Latinoamérica de la Fundación Internacional de Seattle, al destacar el rechazo en toda la región.

 

"Ha habido una tremenda reacción contra los procuradores generales que intentan ser independientes", explicó.

El Salvador tomó prestadas prácticas de sus vecinos más grandes en sus campañas anticorrupción. Parecido a los casos de corrupción en Honduras y Guatemala, Meléndez creó una unidad separada, llamada "Grupo contra la Impunidad", que ahora cuenta con unos 25 fiscales especiales que trabajan en los casos de corrupción más destacados.

La sociedad civil salvadoreña ha criticado a la oficina del fiscal general por su falta de capacidad de investigación, señalando que los exitosos casos, a menudo, se han basado en pruebas reunidas en otros lugares, como la Corte Suprema o periodistas.

Meléndez dice que está trabajando con fondos ajustados, una pequeña fracción del presupuesto anticorrupción de países como Brasil.

La Fiscalía General de El Salvador estaba infiltrada por el crimen organizado cuando llegó, afirma Meléndez. Actualmente está procesando a su predecesor, Luis Martínez, por los supuestos delitos de lavado de dinero, negociaciones ilícitas y otros crímenes.

Supuestamente Martínez aceptó sobornos en efectivo, viajes y automóviles de personas poderosas para protegerlos. Martínez niega los cargos, y su abogado se negó a comentar.

Críticos poderosos, respaldo internacional. Meléndez creció en una ciudad humilde al este de El Salvador, un país de seis millones de habitantes. Él ayudó a la oficina del fiscsal general a establecer y administrar su primera unidad anticorrupción.

El fiscal jefe, amigable con la prensa, a veces ha roto reglas no escritas del decoro para acaparar titulares, lo que le ha valido críticas.

El expresidente conservador Antonio Saca, quien ahora cumple una condena de 10 años de prisión por cargos de malversación y lavado de dinero, fue detenido en la boda de su hijo en una zona exclusiva de San Salvador.

Meléndez también insultó a la pareja del expresidente izquierdista Mauricio Funes, comparándola con un proyecto de obra pública porque supuestamente se ha gastado mucho dinero de los contribuyentes en su mantenimiento, incluso en cirugías plásticas.

Funes dijo que no gastó dinero público en cirugía plástica y que el comentario de Meléndez fue sexista.

Actualmente el fiscal general está tratando de extraditar a Funes desde Nicaragua, donde huyó para escapar de los supuestos cargos de malversación y lavado de dinero.

Al igual que Funes, muchas de las figuras políticas que Meléndez ha perseguido están vinculadas al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el exejército guerrillero de izquierda que se convirtió en partido político al final de la guerra civil del país en 1992. Miembros del partido dicen que eso evidencia su parcialidad.

En un correo electrónico a Reuters, Funes dijo que Meléndez tuvo a testigos que lo implicaron falsamente a través de acuerdos de negociación, al tiempo que permitía una salida del atolladero a los políticos conservadores ligados a la corrupción.

"El proceso en mi contra es un claro ejemplo de uso y manipulación de la justicia penal por parte de la derecha", dijo Funes. "Por esa razón decidí asilarme en Nicaragua".

 

Meléndez defiende sus logros diciendo que las personas siempre rechazarán ser investigadas y que los políticos de izquierda y de derecha creen que está predispuesto contra su sector particular.

De hecho, el candidato de centro derecha que encabeza las encuestas para convertirse en el próximo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tampoco es seguidor de Meléndez.

Meléndez ha investigado a Bukele por una variedad de denuncias, incluida violencia contra las mujeres, pero nunca lo enjuició. Los dos personajes intercambian acusaciones públicamente.

Bukele expresó una fuerte advertencia a su adversario a principio de este año en un discurso de simpatizantes en los Estados Unidos, donde vive alrededor de un cuarto de los salvadoreños.

"Lo que debe quedar de lección para este fiscal y otros fiscales es que no abusen del poder si no quieren terminar en (la cárcel de) Mariona empujando la pila (siendo abusados)", dijo Bukele.

Aun así, Meléndez tiene algunos poderosos aliados, particularmente en la comunidad internacional. Gobiernos extranjeros y organismos internacionales, incluida Naciones Unidas, han ofrecido apoyo y financiamiento para su trabajo.

En el 2017 Estados Unidos invirtió US$72,8 millones, dijo un funcionario del Departamento de Estado, apoyando las iniciativas de seguridad, justicia y prevención de la violencia en la oficina del Fiscal General y otras instituciones.

"La corrupción es uno de los principales inhibidores del crecimiento económico en El Salvador y un impulsor clave de la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos", señaló el funcionario.

Meléndez ha enfrentado con más dureza la corrupción que cualquier fiscal en la historia de El Salvador, dijo el veterano juez Sidney Blanco, quien recientemente dejó la Corte Suprema.

"Es bien difícil predecir qué hará el nuevo fiscal si no reeligen el actual (fiscal)", declaró. "Ahorita estamos viviendo un momento crucial".

Respecto a Meléndez afirma que su efectividad es lo que finalmente puede jugar en su contra.

"Creo que los futuros gobernantes en este país lo van a pensar dos veces por robarse el dinero", dijo Meléndez. "Eso anima a continuar, pero al final serán los políticos quienes decidan".