La semana pasada, el procurador general interino de México despidió al fiscal federal para delitos electorales, Santiago Nieto, por incumplir el código de conducta del organismo.
Ciudad de México. El fiscal que encabezó una investigación sobre un escándalo de corrupción que involucró a la campaña del presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo este miércoles que fue despedido sin justificación, en momentos en que el Senado prepara una votación para decidir si lo reintegra al cargo.
La semana pasada, el procurador general interino de México despidió al fiscal federal para delitos electorales, Santiago Nieto, por incumplir el código de conducta del organismo para funcionarios públicos.
El despido se produjo dos días después de una entrevista con el periódico local Reforma donde Nieto acusó a Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera estatal Pemex y antiguo aliado del presidente, de escribirle para pedirle que lo declarara inocente de canalizar dinero de la constructora brasileña Odebrecht a campañas políticas.
Odebrecht está en el centro de una investigación sobre cohecho y sobornos en Brasil, conocida como "Operación Lavado de Autos", que ha tenido repercusiones en varios países de América Latina.
El despido de Nieto enfadó a políticos opositores e incluso ha amenazado con retrasar las discusiones legislativas sobre el presupuesto del próximo año.
En una entrevista emitida este miércoles por televisión, Nieto negó haber infringido alguna norma o revelado información confidencial. "Yo no violé ningún código de ética", dijo el fiscal despedido.
Más tarde, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, dijo que presentó dos denuncias penales contra Nieto, donde alega que el exfiscal había violado leyes que rigen el proceso penal, según reportó el canal Televisa. También agregó que este jueves el exdirector de Pemex se presentará en la fiscalía especializada en delitos electorales.
El Senado decidirá en los próximos días si objeta la remoción de Nieto de sus funciones, pero no está clara la fecha, ni si se tratará de una votación pública.
La disputa ha complicado los esfuerzos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por dejar atrás las denuncias de corrupción que podrían perjudicar al oficialismo, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Tanto el presidente como Lozoya han negado su participación en cualquier acto ilícito relacionado con la campaña del 2012.
Consciente de que la corrupción se ha convertido en un tema clave para las elecciones del 2018, el PRI ha supervisado el arresto de varios exgobernadores estatales. Lozoya plantea un desafío más difícil, dada su cercanía con el mandatario.
Los legisladores opositores también criticaron la decisión del órgano de gobierno del Senado de realizar la votación sobre Nieto en privado y prometieron apelar el fallo.
