El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, se mostró confiado en que Perú logrará la extradición del Alejandro Toledo de Estados Unidos, un ex presidente que “tiene mucho que responderle al país”.

Precisó que la Fiscalía está trabajando bien en los pedidos para que la justicia de Estados Unidos acceda a la entrega del expresidente peruano, investigado por los presuntos actos de corrupción de la empresa Odebrecht y las adquisiciones de la firma Ecoteva Consulting.

“Estamos avanzando con lo que tenemos, hacemos bien las cosas, muchas veces los procedimientos de extradición son lentos y largos, pero se dará”, declaró a la Agencia Andina.

El titular del Ministerio Público indicó que Estados Unidos, país donde se encuentra el expresidente, debe colaborar con los pedidos formulados por la justicia peruana.

“Son los más interesados en extraer, sacar de su país, a una persona que está siendo procesada, a nadie le gustaría tener en casa alguien que ha delinquido. Tiene mucho que responderle al país”, afirmó.

Pablo Sánchez sostuvo que la Fiscalía continuará con su trabajo “sin formular cuestionamientos a nadie”.

En días pasados, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, indicó que los casos Ecoteva y Odebrecht, por los cuales se solicita la extradición de Toledo, deberían juntarse porque tienen el mismo origen, para evitar que se alegue una doble persecución del delito.

Alejandro Toledo es investigado por el caso Odebrecht y Ecoteva

Los casos de la extradición. La Fiscalía trabaja dos pedidos a Estados Unidos para la repatriación de Alejandro Toledo.

El primer caso está relacionado con la investigación por las adquisiciones de inmuebles en Lima, a través de Ecoteva Consulting, cuya titularidad corresponde a Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo. 

Se trabaja, además, en un segundo pedido por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht. La fiscalía le atribuye haber recibido una presunta coima de esta constructora, a cambio de favorecerlo en la licitación de la carretera Interoceánica.

En ambos casos, el Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público, ordenó la detención preventiva de Alejandro Toledo por 18 meses y dictó una orden de búsqueda y captura a nivel internacional.