Bogotá. La Fiscalía General de Colombia anunció este miércoles que inició una investigación penal para establecer "la posible participación de personas particulares" en los hechos denunciados contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, acusado de pedir 500 millones de pesos (US$196.078) a una firma a cambio de aprobar una sentencia a su favor.

"El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales, asignó la investigación al Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo", precisó en un comunicado el ente acusador.

El pasado viernes, el magistrado Mauricio González pidió investigar al presidente de la Corte Constitucional por la presunta exigencia de 500 millones de pesos a cambio de un fallo a favor de la fiduciaria Fidupetrol.

El abogado colombiano Víctor Pacheco, quien representó a la fiduciaria, contactó a los magistrados Luis Ernesto Vargas, Gabriel Eduardo Mendoza y María Victoria Calle para contarles sobre los hechos, pero sólo González decidió llevarlo ante los estrados.

González ha solicitado que sus compañeros sean llamados a declarar y que haya una investigación en contra del presidente de la Corte Constitucional, quien será investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

"Como consecuencia de lo anterior el Despacho del vicefiscal General de la Nación ha elaborado un programa metodológico en el que dispuso lo siguiente: ... Escuchar en interrogatorio del indiciado al abogado Víctor Arturo Pacheco, diligencia que se llevará a cabo el lunes 9 de marzo", precisa el informe.

"Por petición de la Comisión de Investigación y Acusación, la Fiscalía General de la Nación constituyó un grupo especial de Policía Judicial conformado por diez investigadores de campo, analistas y abogados adscritos al CTI, que colaborarán con esa investigación", añadió el ente acusador.

Frente al escándalo, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió investigar inmediatamente todos los detalles de la denuncia hecha por González para aclarar a la opinión pública lo sucedido y preservar así la integridad de la Corte Constitucional.