Bogotá. La Fiscalía General de Colombia llamó este martes a interrogatorio al embajador ante el Vaticano y a un antiguo director de la central de inteligencia para establecer sus responsabilidades en las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas y políticos.

El fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, tuvo en cuenta los testimonios y declaraciones de otras personas investigadas que han involucrado a los dos ex funcionarios en uno de los peores escándalos que sacudió al segundo Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

Mendoza definirá en los próximos días la fecha en la que se deberán presentar el embajador ante la Santa Sede, César Mauricio Velásquez, y el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Andrés Peñate, quien actualmente trabaja para una empresa privada.

Velásquez, quien se desempeñó como secretario de información y prensa se Uribe, se posesionó el lunes ante el Papa Benedicto XVI como embajador de Colombia en el Vaticano.

La decisión de la Fiscalía General se produjo una semana después de que una comisión del Congreso aprobó investigar al ex presidente Uribe para determinar su posible responsabilidad penal en las interceptaciones ilegales.

Las escuchas telefónicas fueron uno de los principales escándalos que sacudieron el segundo período de Uribe junto con las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por algunos efectivos del Ejército y la adjudicación irregular de subsidios agrícolas.

Uribe, quien tuvo fuertes enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, negó recientemente haber ordenado los seguimientos e interceptaciones, pese a que las investigaciones de la Procuraduría General han implicado a varios de sus cercanos colaboradores.

Hace dos semanas, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, una persona cercana a Uribe, por su responsabilidad en el escándalo de espionaje.

El mismo organismo de control también destituyó e inhabilitó a otros siete antiguos funcionarios del Gobierno de Uribe, incluidos tres ex directores de la central de inteligencia.