Bogotá. La Fiscalía General de Colombia ordenó este miércoles la captura del embajador del país en Perú en una investigación por presuntos nexos con paramilitares de ultraderecha, una decisión que por primera vez implica a un funcionario diplomático en ejercicio.

La Justicia colombiana investiga a decenas de políticos, militares y algunos dirigentes gremiales que son señalados de apoyar o recibir ayuda de los paramilitares, escuadrones acusados de masacrar a miles de civiles en medio de su enfrentamiento contra la guerrilla izquierdista y sus aliados.

La Fiscalía General informó que decidió "imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural, en contra del doctor Jorge Aníbal Visbal Martelo, actual embajador de Colombia ante la República del Perú".

De acuerdo con el organismo, el diplomático es "presunto responsable de la conducta punible de concierto para delinquir agravado, por hechos ocurridos cuando se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, entre los años 1998 y 2004".

Visbal, quien también se desempeñó como embajador en Canadá, fue mencionado por el antiguo líder paramilitar Salvatore Mancuso, quien lo acusó de recibir respaldo de esos grupos armados ilegales para las elecciones legislativas del 2006, en las que fue elegido senador.

El diplomático también fue acusado por jefes paramilitares de haber apoyado a esos escuadrones, surgidos en la década de 1980 y financiados por narcotraficantes, ganaderos y empresarios para defenderse de los ataques de la guerrilla.

Visbal dijo antes de la decisión de la Fiscalía que sus contactos con los paramilitares se limitaron a su labor como dirigente ganadero, en la que buscó a líderes de esos escuadrones para proponerles la humanización de la guerra y buscar un eventual proceso de paz.

Los escuadrones paramilitares se desmovilizaron en una cuestionada negociación de paz con el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe y aunque casi todos sus jefes permanecen encarcelados o fueron extraditados a Estados Unidos, la mayoría de sus 30.000 combatientes se reagruparon en bandas criminales dedicadas al narcotráfico.

Decenas de congresistas fueron encarcelados y perdieron sus investiduras por sus nexos con los paramilitares.

La Cancillería colombiana no se pronunció de inmediato sobre la decisión judicial.