Los fiscales generales de 10 países de América Latina y uno de Europa acordaron, en una reunión en Brasilia, Brasil, formar equipos para indagar los presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, informó hoy la Fiscalía de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) dijo que el acuerdo de cooperación fue resultado del encuentro la víspera entre procuradores y fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, así como Portugal.

El procurador mexicano, Raúl Cervantes, participó en la reunión convocada por su contraparte brasileño, Rodrigo Janot, y en la cual se firmó la Declaración de Brasilia de Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción, señaló la PGR en un comunicado.

Entre los ocho puntos de la declaración figura que las 11 fiscalías se comprometen a brindar "la más amplia, rápida y eficaz" cooperación jurídica internacional para perseguir los supuestos sobornos de la constructora brasileña a funcionarios de los países.

Se promoverán equipos conjuntos bilaterales y multilaterales de investigación para coordinar las pesquisas contra la firma, al igual que las referentes al llamado caso Lava Jato (lavado de dinero), la operación que investiga la red de corrupción en la paraestatal Petróleo Brasileño S.A. (Petrobras).

"Los equipos conjuntos de investigación actuarán con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional, como principio rector de los ministerios públicos y las fiscalías firmantes de la referida declaración", agregó la PGR.

En México, las autoridades indagan si Odebrecht sobornó a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), paraestatal con la que celebró varios contratos, según la información oficial del gobierno federal.

La pesquisa en el país comenzó después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el pasado 21 de diciembre que sancionó a la constructora brasileña por corromper a funcionarios de varios países, entre ellos servidores públicos mexicanos que habrían recibido US$10,5 millones.

Sólo un alto funcionario de una empresa controlada por el gobierno mexicano habría recibido seis millones de dólares; sin embargo, la autoridad estadounidense no precisó su nombre ni el de la paraestatal.

La pesquisa está a cargo de la representación de la contraloría del gobierno federal en Pemex, que a su vez denunció los posibles hechos delictivos ante la PGR en enero pasado.