México, EFE. La Fiscalía mexicana reconoció ante un juez federal que no ha podido comprobar la veracidad de los testimonios que incriminan con el crimen organizado a tres generales y otros oficiales, revelaron este martes diarios locales.

El pasado 15 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) comunicó esta situación al juez penal Raúl Valerio Ramírez, lo que puede poner a las puertas de la libertad a los generales en retiro Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia y al general en activo Rubén Pérez Ramírez.

Los tres jefes militares, así como el brigadier en activo Roberto Dawe, el teniente coronel en retiro Silvio Hernández y el mayor en activo Iván Reyna Muñoz, están acusados por dos testigos protegidos de supuestamente haber protegido al cartel de los Beltrán Leyva.

El diario Reforma detalla que el oficio sostiene que los testimonios en contra de Dauahare "no se encuentra corroborados con medio convictivo alguno".

Lo único que se acreditó es que los militares tuvieron cargos y responsabilidades en la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dauahare llegó a ser viceministro de Defensa en México antes de ser arrestado en agosto de 2012 junto a los demás militares.

Su defensa, que lleva el letrado Ricardo Sánchez Reyes Retana, había pedido a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada que acreditara si pudo confirmar o no los testimonios en contra del general. La semana pasada pidió que el caso sea cerrado.

Los testimonios fueron vertidos por Sergio Villareal, alias "El Grande", arrestado en 2010, y el abogado Roberto López Nájera, también conocido como "Jennifer", según informa el diario local Milenio, que también informa hoy en portada del caso.

Estos testigos, al parecer habían señalado que Tomás Ángeles Dauahare había ayudado a Edgar Valdés Villareal, alias "La Barbie", a permitir el aterrizaje de aviones cargados con cocaína en las ciudades de Cancún, Toluca y Cuernavaca.

Fuentes de la PGR consultadas por Efe no confirmaron ni desmintieron la información publicada en la prensa mexicana.

El caso contra los generales fue abierto el 2012 por la entonces fiscal general de México, Marisela Morales, bajo la presidencia de Felipe Calderon, pero el pasado 1 de diciembre la relevó en el cargo Jesús Murillo Karam, nuevo procurador en el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, que asumió sus funciones ese mismo día.