La Fiscalía paraguaya presentó este sábado una acusación formal contra 14 campesinos, dos de ellos menores de edad, como presuntos responsables de la matanza ocurrida hace seis meses en una finca de Curuguaty, en el noreste del país, y que fue el detonante de la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.

En rueda de prensa, el fiscal encargado, Jalil Rachid, informó que la mayoría están imputados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble, entre ellos el presunto instigador, el líder campesino Rubén Villalba, según la agencia pública IP.

Rachid decidió también sobreseer el caso contra tres campesinos que habían sido acusados.

Seis policías y once campesinos murieron el 15 de junio pasado durante una operación policial de desalojo de un grupo de "sin tierras" en una finca de Curuguaty, cuya propiedad se disputaban el Estado y el empresario y político colorado Blas N. Riquelme, recién fallecido.

Cuando los policías intentaban negociar la salida de los campesinos, se inició un tiroteo que devino en una tragedia desconocida en la larga lucha por la tierra en Paraguay.

Según Rachid, "el Ministerio Público está en condiciones de demostrar que estas personas iniciaron el fuego" y que los policías "estaban en desventaja" frente a los campesinos.

La mayoría de los acusados fueron detenidos inmediatamente después de lo hechos, pero Villalba huyó y fue arrestado a fines de septiembre.

El fiscal aseguró que la investigación paralela desarrollada por la defensa de los campesinos solo ayudó a "consolidar más la investigación de la Fiscalía".

El equipo defensor de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) ha intentado, sin éxito, que Rachid abra otras líneas de investigación o que fuera recusado por su "amistad manifiesta" con Riquelme, quien fue colega de partido y amigo del padre del fiscal.

Según la PEICC, la Fiscalía ha obviado investigar el empleo de armas automáticas durante el tiroteo, pese a que hay pruebas de audio y a que Rachid recibió casquillos de ese armamento recolectados en el lugar por los vecinos al día siguiente de la masacre, cuando la Policía levantó su cordón.

La Fiscalía mantiene que las cinco escopetas incautadas fueron las armas empleadas.

Según la investigación de la defensa, tras un primer tiroteo de armas automáticas, hubo unos minutos de desconcierto a los que siguió la respuesta "desmesurada" de unos 300 policías contra el campamento campesino, hacia el que dispararon "de manera indiscriminada" al margen de que sus ocupantes "fueran o no armados".

La PEICC denunció que la Policía pudo incurrir en los delitos de obstrucción de la justicia así como de denegación de auxilio a los campesinos, que, según su informe, recibieron una asistencia médica tardía, mientras los agentes fueron inmediatamente evacuados al hospital.

La plataforma consideró también que no se ha investigado la "plantación masiva de marihuana" en la finca donde ocurrieron los hechos, ni las denuncias de otro líder campesino sobre la supuesta vinculación del caso con el tráfico ilegal y la existencia de mercenarios al servicio de Riquelme y otros terratenientes "colorados".

Poco después de la matanza, Lugo anunció que una comisión independiente, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), investigaría lo ocurrido "al margen de los órganos jurisdiccionales" paraguayos, pero fue destituido de la Presidencia por el Parlamento días después, considerado en este caso culpable de "mal desempeño" en sus funciones.