Lima. El gabinete del presidente peruano Alan García enfrenta un conflicto por diferencias en torno a un bono especial y a un plan de aumento de sueldo para militares y policías, quienes han amenazado con una huelga en reclamo de mejores condiciones salariales.

Mientras que el vicepresidente del país, el almirante retirado de la marina, Luis Giampietri, defiende el pago de un bono extraordinario por una suma considerable, otros miembros del gabinete se inclinan por aprobar un aumento de sueldo considerado muy bajo por los efectivos.

Las diferencias llevaron al canciller José García Belaunde a calificar al vicepresidente como representante de la oposición, pues argumentó que el bono es inconstitucional e implicaría un elevado costo para el Fisco nacional.

"Se supone que estamos en el mismo barco. Yo la verdad es que a veces no entiendo por qué el vicepresidente de la República aparece como vicepresidente de la oposición y no del gobierno", afirmó García Belaunde.

"Es lamentable que haya algunas posiciones personales que se enfrentan directamente a lo que piensa el Presidente de la República", agregó a periodistas, luego de una reunión de todo el gabinete de ministros en Palacio de Gobierno.

Giampietri dijo días antes que es "inconcebible" una oferta del gobierno de elevar este año el sueldo mensual de los policía y militares en 100 soles (US$35), lo que implicaría un cantidad muy baja tomando en cuenta los sueldos actuales.

Los suboficiales de la policía y militares figuran entre los peores pagados en el Estado peruano con sueldos mensuales que fluctúan entre US$400 y US$1.100.

Sólo unos pocos oficiales de alto rango pueden ganar entre US$2.800 y US$4.500, aunque gran parte de su salario es con vales de gasolina, según la escala remunerativa.

El vicepresidente más bien expresó su acuerdo con una ley aprobada por el Congreso que faculta al pago del bono extraordinario para los policías y militares, pero esa iniciativa fue rechazada por el gobierno, alegando que dejaría un hueco fiscal.

Algunos policías y militares y familiares realizaron la semana pasada una marcha de protesta para reclamar el bono especial y anunciaron un paro para el 5 de abril, lo cual podría generar un nuevo foco de violencia para el gobierno.

Uno de los representantes de la policía que participó en la protesta, el suboficial Edward Casas, fue detenido y apresado el miércoles en una sede policial acusado de "desobediencia civil" en agravio al Estado peruano, informó su abogado.

Congreso en la mira. El canciller peruano criticó también al Congreso unicameral -donde ningún partido tiene mayoría absoluta- por haber aprobado una iniciativa de gasto "prohibida por la Constitución".

"Podría entender esas posiciones personales (del vicepresidente de Perú) cuando se trata de asuntos de conciencia, pero no puedo entender eso cuando se trata de líneas políticas de acción", afirmó.

La ministra de Economía, Mercedes Aráoz, defendió también esta semana el rechazo a la ley que aprobó el bono especial, y culpó de "irresponsable" al Congreso por la norma, en su primer gran desafío después de siete semanas de asumir el cargo.

La amenaza de huelga ha preocupado al gobierno de García, que ha pedido calma al personal policial y militar.

Un paro de las fuerzas del orden dejaría sin vigilancia a la ciudad y algunos temen que se repitan las consecuencias que dejó una huelga policial el 5 de febrero del 1975, cuando cientos de personas saquearon comercios ante la falta de seguridad, en el pleno régimen militar de esa época.

El presidente García, cuya popularidad es de sólo 28%, enfrentó el año pasado el mayor conflicto de su gestión con una fuerte protesta de indígenas por el derecho de sus tierras que dejó 34 muertos entre civiles y policías.