Tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, funcionarios federales afirmaron a legisladores que el gobierno está en “alerta” de seguridad por infiltración del crimen organizado en el personal operativo, aunque no en mandos altos, según les manifestaron.

En la reunión entre miembros del gabinete de seguridad e integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que se llevó a cabo la semana pasada, los funcionarios federales afirmaron que se investiga el nivel de infiltración del Cártel de Sinaloa entre personal del sistema penitenciario, pero dudaron que la infiltración llegue a altos mandos.

También especialistas del tema advirtieron a El Economista que la infiltración por parte de la estructura criminal de El Chapo al sistema penitenciario federal, implica una afectación a la seguridad nacional, debido a que las redes del narcotraficante corrompieron a funcionarios al grado de acceder a información sobre la operación carcelaria, opinaron Javier Oliva Posada y Alejandro Hope.

Durante la reunión de los encargados del área de seguridad y los legisladores, los primeros advirtieron también de la capacidad de la delincuencia organizada para intimidar y amenazar a personal de seguridad.

Alejandro Hope, especialista en seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo que la fuga debe alertar al sistema de inteligencia sobre qué tanta información posee la delincuencia organizada sobre la operación del gobierno, en particular la carcelaria.

En ese sentido, en entrevista con El Economista, Antonio Le Clercq Ortega, investigador de la Universidad de las Américas de Puebla, afirmó que hay corrupción en el sistema penitenciario que permitió la fuga del capo, pero también afirmó que se debe estudiar el nivel de amenazas de la delincuencia organizada hacia las fuerzas de seguridad pública.

“Creo que sin duda hay corrupción y hay impunidad pero habrá que ver si no hay un proceso mucho más complejo que tiene que ver con que las fuerzas del orden puedan ser ya amedrentadas, amenazadas y que no se les permita realizar su trabajo por el miedo a las consecuencias del crimen organizado”, dijo uno de los coordinadores del Índice Global de Impunidad.

“Es indudable que no se puede explicar la fuga de El Chapo sin la existencia de redes de corrupción, pero es muy probable que las personas que pudieron estar involucradas, no en todos los casos haya sido por corrupción sino porque las redes criminales ya los tenían detectados y los amenazaron o los asustaron a tal grado que los obligaron a ser cómplices”, agregó.

Cabe destacar que los diputados y senadores que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional se reunirán por segunda ocasión con el gabinete de seguridad federal. La reunión se espera en tres semanas y los legisladores esperan documentos sobre los grados de infiltración del crimen y las amenazas.

Protocolos no funcionaron. Por su parte, el senador del PAN, Fernando Yunes, integrante de la Comisión, dijo que los funcionarios del gobierno federal encabezados por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvieron una actitud de autocrítica y aceptaron que los protocolos de seguridad no funcionaron durante la fuga del narcotraficante.

En tanto, Javier Oliva, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, dijo que la fuga “sería un estado de afectación a la seguridad nacional, sí, eso sí. Por condiciones que tienen que ver con el gabinete nacional de seguridad, al entrar esta situación de disfunción de instalaciones estratégicas... al sistema penitenciario de máxima seguridad”, dijo.

El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional precisa que son riesgos a la seguridad interna: actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, y actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, entre otras.

El analista Javier Oliva añadió que la operación criminal del Cártel de Sinaloa, comandado por Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada, “demuestra el elevado nivel de vulnerabilidad que tenemos” en el sistema penitenciario federal, por lo que “tendría que haber una respuesta proporcional de ajuste, para corregir esto de fondo”.

Oliva Posadas destacó que la fuga de Guzmán Loera también revela que las unidades de inteligencia de las dependencias federales no comparten información entre sí.

Alejandro Hope, especialista en seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo que la fuga debe alertar al sistema de inteligencia sobre qué tanta información posee la delincuencia organizada sobre la operación del gobierno, en particular la carcelaria.

“Yo creo que el tema más delicado aquí es que la complicidad llegó más allá de la prisión. Y eso obliga a pensar qué tanto está protegida la integridad de algunas instituciones cruciales para el país... va a obligar a hacer una revisión en áreas sensibles, van a tener que meter por control de confianza a muchísimo personal”, consideró.

Hope destacó que la fuga de Guzmán podría repercutir en que las unidades de inteligencia de la Policía Federal, Cisen, la Marina y el Ejército, no compartan su información y, por lo tanto, se entorpezca la recaptura de Guzmán Loera.

“Es posible que dificulte intercambio de información entre dependencias, debido a esto”, dijo.

Hope destacó que la fuga del líder del Cártel de Sinaloa provocará que el gobierno federal analice casos de delincuentes que enviará a Estados Unidos en extradición.