Mafias nacidas en los años 90 estarían detrás de los supuestos actos de seguimiento y reglaje contra políticos de oposición y del oficialismo, sostuvo hoy el vocero de la bancada de Gana Perú, Josué Gutiérrez, quien afirmó que se trata de sucesos “orquestados”.

Indicó que estas mafias organizadas, que durante el régimen fujimorista manejaron el desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), se han recompuesto y fortalecido en los sucesivos gobiernos, pero el Estado realiza hoy enormes esfuerzos para perseguirlas.

“Cuando se desactiva el SIN, había más de 7,000 agentes que tenían esa modalidad de trabajo, de hacer seguimiento, persecución a políticos y a empresarios para chantajearlos. Era un sistema que se había generado para cometer actos indebidos y lesivos al interés públicos”, aseveró.

El legislador oficialista remarcó, en ese sentido, que el gobierno del presidente Ollanta Humala es democrático y nunca ha concebido este tipo de prácticas porque, según explicó, están proscritas.

Incluso, remarcó que el Gobierno siempre ha despolitizado los ministerios de Defensa, del Interior, así como los institutos armados y la Policía Nacional del Perú (PNP), y en consecuencia el servicio de inteligencia peruano también es ajeno a cualquier tipo de politización.

“Es inviable que siquiera exista la hipótesis o la conjetura que desde el Estado se vaya a hacer espionaje, seguimiento o chuponeo a los contendores políticos. Eso no es posible”, subrayó.

Por ello, Gutiérrez destacó el deslinde público que al respecto realizó el Jefe del Estado, quien además anunció que las puertas de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) estarán abiertas para contribuir a que se esclarezcan estos presuntos actos de seguimiento.

“Eso es muy bueno porque transparenta el manejo de los recursos y ayuda a ver en qué se enfoca la labor de la DINI (…) Se ha hecho un esfuerzo enorme por reconstruir el sistema de inteligencia peruano”, expresó el parlamentario.

Belaunde Lossio

De otro lado, el vocero nacionalista comentó la reciente detención en Bolivia del empresario peruano, Martín Belaunde Lossio, y señaló que cualquier alegato sobre una presunta persecución política en su contra caerá en saco roto porque en el Peru rige un estado de derecho.

Además, el legislador precisó que la intención de extraditar a Belaunde Lossio se sustenta en los presuntos delitos comunes que este habría cometido y no en delitos ideológicos.

“Creemos que las autoridades bolivianas harán los esfuerzos para que, una vez resuelta la solicitud de refugio (formulada por el detenido) se le pueda expulsar, y no estar esperando un año o dos con el procedimiento jurisdiccional (de extradición) en otra corte que no es la peruana”, dijo.