Lima. El presidente peruano Alan García envió al Congreso un proyecto de ley para derogar una polémica ley que podría liberar de juicios a militares acusados de abusos a los derechos humanos, tras recibir fuertes críticas por la norma, entre ellas del escritor Mario Vargas Llosa.

En una carta pública dirigida a García y fechada en París, el escritor anunció su "renuncia irrevocable" a la presidencia de una comisión oficial en Perú encargada de construir un museo en memoria de las víctimas de una cruenta guerra interna que sufrió este país entre 1980 y el 2000.

Luego de la divulgación de la misiva, García informó en la cuenta de Twitter de Palacio de gobierno que remitió al Congreso un proyecto de ley para derogar la polémica ley y solicitó al legislativo tramitarlo con "carácter de urgencia".

Perú vivió un duro enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y grupos rebeldes como el maoísta Sendero Luminoso, que buscaba imponer un estado comunista, dejando un saldo de unos 69.000 muertos y desaparecidos, según datos oficiales.

Los mayores casos de abusos se produjeron, según un informe oficial, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, quien al inicio de su gestión cerró el Congreso para dar poder a los militares en la lucha contra la guerrilla.

La ley "constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos -asesinatos, torturas y desapariciones-, entre ellos al propio ex dictador y su brazo derecho", dijo el escritor.

La carta de Vargas Llosa, el peruano más influyente en el exterior según analistas, marcaría su alejamiento con el presidente García, a quien le restan casi 10 meses para dejar el mandato de cinco años que asumió en julio del 2006.

"La medida ha indignado a todos los sectores democráticos del país y a la opinión pública internacional", dijo el escritor peruano nacionalizado español.

La polémica ley se aprobó a pocos meses de la elección presidencial del 2011, a la que García está impedido legalmente de participar y en la que la hija del ex presidente Fujimori, la legisladora Keiko Fujimori, es una de las favoritas para ganar los comicios, según encuestas de intención de voto.

Pacto secreto. Vargas Llosa lideró una protesta contra García durante su primer Gobierno en 1987, cuando el entonces mandatario anunció la nacionalización de los bancos en medio de una dura crisis económica y del apogeo de la guerrilla izquierdista.

El novelista postuló después a la presidencia en 1990, pero perdió frente al entonces desconocido ingeniero y profesor de matemática Fujimori, quien fue sentenciado el año pasado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos.

Vargas Llosa exhortó al presidente García a tener "el mismo valor para rectificar una vez más" para derogar la polémica ley y buscar aliados entre "los peruanos dignos y democráticos".

Las críticas se producen en la víspera de que el presidente García anuncie la renovación parcial de su gabinete.

La polémica ley señala que los jueces deben declarar el archivo de un juicio a miembros de las Fuerzas Armadas por abusos a los derechos humanos cuando se haya superado el plazo máximo de un juicio sin sentencia, que es de hasta 36 meses.

Además, estipula que sólo no pueden prescribir los delitos de lesa humanidad cometidos después del 2003, con lo que se desecharía los mayores casos de violación a los derechos humanos que se cometieron entre 1980 y el 2000.

"Ignoro qué presiones de los sectores militares que medraron con la dictadura y no se resignan a la democracia, o qué consideraciones de menuda política electoral lo han llevado a usted a amparar una iniciativa que sólo va a traer desprestigio a su gobierno", afirmó Vargas Llosa.

La aprobación de la norma da la razón "a quienes lo acusan de haber pactado en secreto una colaboración estrecha con los mismos fujimoristas que lo exiliaron y persiguieron durante ocho años", agregó la misiva.

A García le persigue la sombra de un juicio en su contra por la muerte de unos 200 guerrilleros en su primer Gobierno, luego de la intervención de militares a tres cárceles de Lima para develar un motín, según organismos de derechos humanos.