Ciudad de Guatemala. La página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) reporta hasta esa fecha siete millones 506 mil 923 ciudadanos empadronados, y al multiplicarlos por US$1 con el tipo de cambio de ayer —Q7.64817—, da como resultado Q57.4 millones: Q9.4 millones más que en el proceso del 2011 (más de US$1M).

Hasta el momento se encuentran inscritas en el TSE 28 organizaciones políticas, y de participar todas en el proceso electoral, con el máximo previsto, sumarían Q1 mil 607 millones, que equivalen al 2,27% del presupuesto de ingresos, lo que suma cuatro veces lo asignado al Ministerio de Cultura y Deportes y de Relaciones Exteriores, o una cantidad similar a la de Agricultura y  Desarrollo Social.

Advierten a partidos

El TSE advirtió en diciembre último a los partidos políticos de que si continúan con la propaganda electoral anticipada, ese costo podría ser descontado del techo presupuestario que se establece para gastos de campaña electoral, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la normativa.

El artículo 19 del acuerdo 19-2007 del TSE norma que si un partido político, infringiendo la normativa, incurre en efectuar propaganda electoral antes de la convocatoria correspondiente, en promoción de persona a ocupar cargos de elección popular, los recursos destinados para tal efecto se deducirán del techo para la campaña electoral.

Fiscalizar ingresos

José Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo que los partidos políticos no han cumplido con respetar el techo de campaña y que los gastos efectuados superaron significativamente el monto fijado, y eso demuestra que el Tribunal no tiene la capacidad de fiscalizar los recursos.

“El TSE no tiene la capacidad, por lo que es necesario fortalecerlo para que pueda fiscalizar las campañas, que se han caracterizado por ser millonarias, lo que vulnera el sistema democrático del país”, expuso Sanabria.

La Corte de Constitucionalidad en el 2014 dictaminó favorable el artículo 220 sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la que establece que sería el TSE quien contrate el tiempo y los espacios para la propaganda electoral a todos los partidos políticos, siempre y cuando se restrinja la cantidad y montos de aportaciones privadas, con lo que se persigue unificar las sumas que pueden recibir los partidos y reducir el límite de gastos de campaña, regulando un techo acorde con la realidad económica nacional y accesible para las distintas organizaciones.

Elevado gasto

El informe ¿Cuánto costó la campaña electoral?, presentado por Acción Ciudadana (AC) en febrero del 2012, señaló que las organizaciones políticas transgredieron las normas sobre “el período para hacer propaganda” y “los techos del gasto para efectuar proselitismo político”.

El estudio de AC detalla que los partidos políticos gastaron Q637.4 millones (más de US$81 millones), cifra que incluye la precampaña, del 1 de octubre del 2010 al 1 de mayo del 2011, y la campaña electoral, del 2 de mayo al 6 de noviembre del 2011.

El análisis distribuye en Q58.1 millones en la precampaña (más de US$7M) y Q579.3 millones (casi US$74M) en la campaña. Este monto superó por Q110 millones (US$14M) los gastos que hicieron las organizaciones en relación con el proceso del 2007, cuando el gasto fue de Q469.1 millones (casi US$60M). A ello se debe sumar que no hay total claridad sobre los financistas.

POSTURA

Fiscalizar.José Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, considera que se deben hacer reformas estructurales al sistema de financiamiento, el cual se caracteriza porque los recursos se canalizan directamente a los candidatos, y la normativa fiscaliza solo al partido.

“Es importante que el TSE tenga la capacidad de fiscalizar los recursos que manejan los candidatos, y la mayor cantidad de dinero es para ellos”, dijo Sanabria.

ANÁLISIS

Desconfianza. El politólogo José Dávila señaló que la credibilidad de los partidos es muy baja, y sobre todo el monto que se les entrega provoca dudas.

“Es una situación que aún sigue siendo complicada, porque no hay controles férreos. Además de que se corrompe el proceso electoral, porque es dinero que se desconoce quiénes lo dan y cuál va a ser el efecto posterior al momento de ser electos funcionarios”, dijo Dávila.