Atlanta. El gobernador republicano de Georgia firmó este viernes una nueva ley estatal para perseguir a inmigrantes ilegales similar a una promulgada por Arizona el año pasado, que entrega nuevos poderes a la policía en el estado del sur de Estados Unidos.

La ley autoriza a la policía de Georgia a investigar el estatus inmigratorio de los sospechosos detenidos si cree que podrían encontrarse en el país ilegalmente.

También requiere a muchos empleadores privados que comprueben la situación de trabajadores recién contratados en una base de datos federal llamada E-Verify.

La aplicación de las leyes inmigratorias en Estados Unidos tradicionalmente está a cargo de las autoridades federales, no estatales.

La medida obtuvo el apoyo de los republicanos a nivel estatal, que acusan al presidente demócrata Barack Obama y al Gobierno federal de no hacer lo suficiente por contener la inmigración ilegal.

El gobernador Nathan Deal dijo que la ley, aprobada por la legislatura de Georgia -controlada por los republicanos-, reducirá la carga de las escuelas, hospitales y prisiones del estado al disminuir la cantidad de inmigrantes ilegales.

"Esta legislación es un paso responsable hacia adelante ante la ausencia de una acción federal", declaró Deal en una ceremonia de firma.

Los críticos de la ley argumentaron que podría desalentar el turismo y las inversiones extranjeras en el estado y provocar escasez de trabajadores agrícolas para recolectar los cultivos.

Obama criticó el mes pasado la medida.

"Es un error que los estados intenten hace esto de manera sistemática. No podemos tener 50 leyes de inmigración diferentes en todo el país. Arizona quiso hacerlo y una corte federal ya la derogó", sostuvo.

La ley de Arizona fue bloqueada por las cortes federales luego de que el Gobierno de Obama la desafió, argumentando que la Constitución de Estados Unidos sólo otorga autoridad al Gobierno federal en materia de cuestiones inmigratorias.

La reacción de los críticos fue inmediata en Georgia.

"Hoy es un día oscuro para Georgia", dijo Jerry Gonzalez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos Latinos del estado.

"Nuestra preocupación proviene de las repercusiones económicas muy serias que sufrirá nuestro estado en numerosos frentes y en los abusos graves a los derechos civiles y humanos que seguramente tendrán lugar", agregó.