Houston, EE.UU. El gobernador de Texas está evaluando una solicitud del gobierno de Estados Unidos de retrasar la inminente ejecución de un mexicano cuyo caso ha suscitado preocupaciones acerca de posibles violaciones de Washington de tratados internacionales.

Humberto Leal García, de 38 años, fue declarado culpable de violar a una joven de 16 años y luego golpearla hasta la muerte con un trozo de asfalto en Texas en 1994.

Su ejecución mediante inyección letal está prevista para el jueves en Huntsville, Texas.

El caso ha atraído la atención internacional y el gobierno de Estados Unidos pidió al gobernador Rick Perry que retrase la ejecución de Leal García, ya que no habría sido informado de su derecho a asistencia diplomática tras su detención.

Proceder a la ejecución podría poner a los ciudadanos de Estados Unidos que viajan al extranjero en un riesgo de detención sin causa y a la negación de la representación diplomática, dijo John Bellinger, un importante abogado del Departamento de Estado desde 2005 hasta 2009 bajo la presidencia de George W. Bush.

Perry no ha tomado una decisión final sobre si emitir una suspensión de 30 días, dijo el miércoles una portavoz. La Corte Suprema podría emitir el jueves una sentencia de último minuto.

El Gobierno del presidente Barack Obama, la ONU y el embajador de México en Estados Unidos han pedido a Texas que retrase o bloquee la ejecución, argumentando que viola la Convención de Viena, que garantiza a residentes extranjeros el derecho a una visita de representantes de sus gobiernos cuando son arrestados.

Sin embargo, parece poco probable que Perry revierta la situación luego de que la Junta de Perdón y Fianzas de Texas rechazó el martes la solicitud de indulto o la conmutación de la condena de Leal.

"Si usted comete el más atroz de los crímenes en Texas, puede esperar enfrentarse a la pena capital bajo nuestras leyes, como en este caso, donde Leal fue declarado culpable de violar y apalear a una chica de 16 años hasta la muerte", dijo Katherine Cesinger, una portavoz de Perry.

Texas ejecuta a más delincuentes que cualquier otro estado del país y ha causado abundantes fricciones con México, que no tiene pena de muerte. En 2002, Texas ejecutó al ciudadano mexicano Javier Suárez Medina pese a las objeciones del entonces presidente Vicente Fox.