La Paz. El principal gobernador opositor de Bolivia, Rubén Costas, del departamento oriental de Santa Cruz, quedó este viernes en puertas de ser suspendido indefinidamente por haber denunciado, hasta ahora sin pruebas, que el vicepresidente Álvaro García recibía dinero del narcotráfico.

La posibilidad de la suspensión del frecuentemente iracundo gobernador derechista, con riesgo de una nueva ola de choques políticos, quedó planteada luego que el Gobierno izquierdista de Evo Morales anunció que el vicepresidente presentará una denuncia ante la fiscalía para que Costas sea procesado por desacato.

Si la fiscalía emite una acusación formal, en un plazo no predeterminado, Costas será suspendido el tiempo que dure el juicio, dejando a la oposición conservadora sin uno de sus líderes quien fue electo recientemente primer gobernador autonómico de Santa Cruz, el bastión de la derecha local.

"En este delito de desacato no hay retractación posible, no corresponde una disculpa. Es un delito contra la función pública, contra la autoridad legal y democráticamente constituida", dijo en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.

"Conforme a la normativa vigente, el gobernador Costas en este momento puede seguir desempeñando funciones de gobernador, (pero) si existiera una acusación formal por parte del fiscal encargado, puede ser suspendido de sus funciones", apuntó.

Costas, quien como prefecto de Santa Cruz encabezó en los cuatro años pasados violentas protestas y hasta un supuesto intento de golpe contra Morales, es uno de los tres gobernadores opositores electos en abril, cuando Bolivia entró a un régimen de autonomías. Los otros seis son oficialistas.

Al confirmar la decisión de García de querellarse contra el gobernador, Saavedra advirtió que "la única forma de que pueda acabar este proceso es mediante la sentencia judicial", que en caso de ser condenatoria implicaría hasta tres años de cárcel.

Este jueves, cuando se divulgó un primer anuncio del juicio, el gobernador Costas dijo que no se retractaría, aunque sugirió que había sido malinterpretado cuando denunció que el narcotráfico en Bolivia iba en aumento ante la pasividad del Gobierno.

El anuncio de juicio "es un show para disfrazar la imposición que seguramente habrá con la ley para no respetar las autonomías (...), para distraer y provocar enfrentamiento entre los bolivianos", dijo Costas, refiriéndose también a una ley orgánica que debate actualmente la oficialista Asamblea Plurinacional.