El 29 de marzo pasado la presidenta argentina Cristina Fernández, a través de su cuenta de Facebook, justificó la anunciada quita de subsidios al gas y al agua, porque habían sido pensados por Néstor Kirchner para “inyectar consumo a la sociedad”; sin embargo, en la actualidad “las cosas han cambiado y para bien en la Argentina: millones de argentinos han conseguido trabajo y han visto mejorar año tras año sus salarios”.

Esta reducción en la política de ayuda estatal se implementa después que se instara a los ciudadanos a renunciar voluntariamente a ella. Por supuesto, no tuvo resultados; pero de eso ya pasaron casi dos años y la economía, según los índices oficiales, ha ido desmejorando: alta inflación (en los primeros tres meses de este año, de 10%), alta emisión monetaria para financiar el gasto fiscal (aunque la emisión se ha ido frenando) y devaluación en enero de un tipo de cambio que llegó a los $8 por dólar.

Por el momento el subsidio de la luz no ha sido tocado, básicamente por los cortes que sufrió la ciudad de Buenos Aires en diciembre y en enero pasados. Sin embargo, todo indica que también se avanzará hacia esa tarifa, ya que el costo de los servicios básicos en casi toda Argentina es muy bajo: sólo por dar un ejemplo, una cuenta de gas bimensual de un departamento con una sala y un dormitorio cerca del Congreso alcanzaba -hasta el anuncio gubernamental- a los US$ 3 y una cuenta de agua a los US$ 4. Después de la quita, que será en tres cuotas –ya se hizo efectiva la de abril, ahora quedan las de junio y agosto–, las mismas tarifas alcanzarían a los US$8 y a los US$11. De ahí hasta 400%.

Volvé, ortodoxo. Los detractores del modelo económico del gobierno opinaron que se estaban adoptando medidas ortodoxas y por eso llegaron a decir que era “un ajuste ortodoxo”. Sin embargo, para Alejandro Robba, integrante de la agrupación de economistas kirchneristas La Gran Makro, esta quita tiene como idea mejorar la justicia distributiva y no clausurar la política de subsidios que comenzó en 2003, cuando existía en Argentina una situación de crisis política, económica y social “que ameritaba una política de subsidios masivos”. Hoy, según este economista, la situación es otra, por lo que es momento de redireccionar la ayuda estatal hacia quienes menos tienen: “Los que sean beneficiarios de un plan social, como el llamado Asignación Universal por Hijo [que aporta mensualmente US$58 por hijo y que actualmente cubre a casi 10% de la población] o PROGRESAR (que aporta US$75 a jóvenes entre los 18 y 24 años que no estudian ni trabajan y que hasta abril cubría al 2%), o sea, un jubilado (que ya casi alcanza el 15%), van a seguir recibiendo la política de subsidios”.

Tampoco se verá afectada la industria “por un tema de competitividad”. A la vez el dinero de esta reducción irá hacia los planes PROGRESAR y Asignación Universal por Hijo, por lo que, para Robba, con esto en vez de hacer un ajuste ortodoxo al modelo, lo que hay es “sintonía fina”.

Esta sintonía, “tarifazo” o ajuste, o como quieran llamarlo, se volvió urgente, porque se estaba haciendo imposible el nivel de emisión de dinero para financiar los planes sociales, ya que eso en parte generaba inflación. Por otra parte, el nivel de reservas del Banco Central venía en caída libre por los pagos de deuda y por la importación de energía que Argentina viene haciendo año a año, y que en el último caso es superior a los US$ 10.000 millones.

Pablo Tigani, gerente general de la Consultora Hacer, explica que detrás de la quita de subsidios está el pragmatismo peronista, que significa darse cuenta de que hay determinadas cosas que no se pueden resolver, y Argentina tiene hasta hoy “restricciones externas para acceder al crédito y un problema con precios que se traduce en inflación”. Entonces al equipo económico se le fueron agotando las opciones hasta quedar reducidas a sólo dos: “Profundizar el modelo intervencionista o echar mano de los instrumentos de política económica que no siempre tienen un rasgo ideológico: por ejemplo, la antigua Unión Soviética no quería tener déficit fiscal porque si existía déficit había que tomar deuda y tomar deuda implica depender de otros”.

Pero Argentina no es la URSS, de modo que el gobierno echó mano a esos instrumentos y con rudeza: devaluó, subió las tasas de interés, absorbió moneda por un monto de US$3.500 millones y ahora está disminuyendo los subsidios.

La sintonía fina, para Tigani, es “cómo hacer para que estas medidas no desaceleren tanto la actividad y cómo hacer para emitir dinero sin que se me dispare tanto la inflación”. Si bien las medidas han ido funcionando, para este economista, hay que esperar aún “para ver cómo absorben los salarios, con paritarias (negociaciones sindicales) incluidas, la quita de subsidios”.

Para la prensa opositora, en tanto, las medidas que ha implementado el gobierno tendrán como consecuencia un freno en el consumo y en la actividad económica, trayendo consigo un estancamiento, que podría verificarse en los próximos meses. El pragmatismo peronista puede que no dé para tanto.