Buenos Aires. El gobierno de Cristina Fernández anunció este miércoles que denunció “con nombre y apellido” ante la Justicia penal y civil a los responsables de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que mantienen desde 2006 cortado el puente General San Martín, en protesta por la instalación y puesta en marcha de la fábrica de pasta de celulosa de UMP (ex Botnia) en Fray Bentos.

Así lo anunció en conferencia de prensa el jefe de gabinete del gobierno argentino, Aníbal Fernández, tras la reunión que mantuvo la primera mandataria junto a gran parte de sus ministros.

El jerarca explicó que el Ejecutivo porteño no encontró “contundente” el fallo del juez Pimentel (que este martes ordenó el desalojo), y por eso decidió notificar a los piqueteros pero no desalojarlos por la fuerza porque está en contra de la represión. “En lugar de poner la fuerza pública a presionar para liberar el puente hasta tener que reprimir, hemos decidido presentarnos como querellantes en la causa”, dijo.

Fernández detalló que la denuncia penal será por los siguiente delitos: “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación, atentados al orden constitucional de la vida democrática, sedición, atentando contra la autoridad y encubrimiento”.

El gobierno argentino, además, presentó una demanda civil contra los ambientalistas, por entender que perjudicaron a comerciantes, transportistas y al sector turístico.

En varios pasajes Aníbal Fernández aseguró que el gobierno argentino pretende reencauzar las relaciones bilaterales con Uruguay, para lo que se propone cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.