"¿Qué están provocando? ¿Que saque a las fuerzas armadas como en febrero? (...) La derecha está buscando muertos, pero no vamos a prestarnos al juego de la derecha", puntualizó el presidente boliviano.

Un motín policial mantenía a Bolivia bajo tensión este domingo, pese a la firma de un acuerdo salarial entre el Gobierno y los líderes de la protesta, pero el presidente Evo Morales descartó convocar a los militares para reponer el orden.

El mandatario intervino en el conflicto horas después de que varios ministros denunciaran como intento de golpe a los focos de amotinamiento que se mantenían en varias ciudades, incluida La Paz, que estaban sin servicios policiales desde el viernes.

El acuerdo, firmado por ministros, jefes policiales y líderes de la protesta, atendía las demandas salariales y administrativas de los amotinados -suboficiales y policías rasos- pero no impidió que policías disconformes volvieran a las calles y denunciaran supuestos planes de "militarizar" el país

"Las fuerzas armadas, compañeras y compañeros, no van a salir a las calles", dijo Morales ante una concentración de mineros y campesinos en un pueblo altiplánico de Corocoro, próximo a La Paz, donde presidió la puesta en marcha de una empresa minera estatal del cobre.

El mandatario indígena, en el poder desde hace seis años y cinco meses, denunció que el motín policial estaba alentado por la oposición conservadora, ante lo cual advirtió que los movimientos sociales que apoyan al Gobierno estaban preparados para "defender este proceso hasta las últimas consecuencias".

"¿Qué están provocando? ¿Que saque a las fuerzas armadas como en febrero? (...) La derecha está buscando muertos, pero no vamos a prestarnos al juego de la derecha", agregó Morales, en alusión a una protesta policial de febrero de 2003 que fue aplacada por los militares con saldo de una decena de muertos.

Las actuales protestas, que dejaron decenas de policías heridos y varias oficinas policiales destrozadas, emergieron como un nuevo cuestionamiento a la autoridad de Morales, quien tampoco lograba detener una marcha indígena opositora que llegaría a La Paz la próxima semana.

Pese a la limitada presencia policial en las calles por tercer día consecutivo, no se reportaron hechos delictivos graves. Este jueves fue feriado por el Año Nuevo Indígena y este sábado hubo una celebración masiva de la Noche de San Juan.

Los policías aún rebeldes denunciaron una supuesta "traición" de sus dirigentes mientras tomaban de nuevo este domingo la Plaza Murillo, donde están los palacios de Gobierno y legislativo, y chocaban con otros agentes que intentaban reanudar sus labores, según reportaron medios locales.

No estaban claros los argumentos de quienes rechazaban el acuerdo.

"Conspiración". "No dudamos en decir que aquí hay afanes conspirativos", dijo a reporteros el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al confirmar que varias horas después de la firma del documento persistía un alzamiento parcial de policías en varias ciudades.

"Pero hemos dado un paso muy importante para neutralizar esa acción", añadió, mientras la titular de Comunicación, Amanda Dávila, denunciaba que sectores de los amotinados habrían anunciado su decisión de sumarse a la marcha indígena.

Dávila acusó a la líder de una asociación de esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, de promover el desconocimiento del pacto pese a que ella misma participó en la negociación y firmó el acuerdo.

Policías sublevados no identificados dijeron a radioemisoras que desconocían a los líderes de la protesta y que designarían nuevos representantes para reabrir la negociación con el Gobierno.

En el todavía cuestionado convenio, el Gobierno aceptó que los salarios de los aproximadamente 32.000 policías de base del país sean "nivelados" con los de los funcionarios públicos, a partir de un mínimo mensual equivalente a casi US$300.

Los policías se beneficiarán también con una renta de jubilación igual a la de su salario regular.

El gobierno aceptó también suavizar las sanciones recién puestas en vigencia en un reglamento disciplinario y crear la institución del "Defensor del Policía", medidas que deberán ser aprobadas por la Asamblea Plurinacional, que está controlada por el oficialismo.

Las autoridades se comprometieron finalmente a no castigar a los policías sublevados, según el convenio.