La Paz. Bolivia negociará con dirigentes sociales antes de intentar un nuevo aumento de los combustibles para impulsar la inversión petrolera y eliminar un subsidio estatal, dijo este martes el presidente Evo Morales, quien enfrentó violentas protestas por un alza que había decretado.

El llamado "gasolinazo" constituyó un duro cuestionamiento al liderazgo del mandatario indígena, que debió ceder en su iniciativa de subir hasta 83% el precio de los carburantes para frenar las masivas manifestaciones callejeras que juntaron a sindicatos y fuerzas aliadas con opositores.

"Los movimientos sociales nos dirán cuándo (reajustar los combustibles eliminando una millonaria subvención), si son responsables con Bolivia", dijo Morales en una reunión con corresponsales internacionales.

"Yo salvo mi responsabilidad con Bolivia y ante la historia. Ahora toca a los movimientos sociales, a sus dirigentes y al pueblo boliviano", añadió el mandatario, para quien un reajuste de los precios de los combustibles es inevitable.

Morales considera a su figura y al proceso de cambio socialista e indigenista que lidera en el país desde enero de 2006 como un producto de los movimientos sociales.

El gobernante prometió concertar y no decretar unilateralmente el aumento, pese a que cuenta con respaldo de mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y controla siete de los nueve gobiernos departamentales autónomos y más de dos tercios de los municipios del país.

El futuro reajuste buscará los mismos objetivos que el fallido "gasolinazo" del pasado fin de año: eliminar una subvención que costó 380 millones de dólares en el 2010 (2 por ciento del PIB) y alentar inversiones para la explotación de crudo y evitar una crisis energética en el país.

Petroleras trabajan a pérdida. Morales aseguró que encontró entre los movimientos sociales un apoyo casi unánime a la necesidad de subir los precios de los combustibles.

"Me decían algunos compañeros que sí o sí hay que subir los combustibles, que tarde o temprano hay que subir, y vamos a decidir junto a los movimientos sociales", dijo.

Ese respaldo partiría del convencimiento de que Bolivia necesita captar inversiones privadas para aumentar su producción de crudo, que actualmente abastece apenas tres cuartas partes de su consumo que ronda los 60.000 barriles diarios, argumentó.

"Acabando la subvención se incentiva la inversión", afirmó tras agregar que "los inversionistas tienen derecho a recuperar su inversión y tener utilidades, pero si reciben sólo US$10 por barril no se recupera la inversión, menos se tiene utilidades".

Los US$10 son el pago final que reciben los operadores petroleros por cada barril de crudo, descontados tributos y otras cargas desde el precio congelado actual de US$27.

"No es posible que la empresa petrolera estatal o los operadores trabajen a pérdida", dijo.

En contraste con el déficit de hidrocarburos líquidos, Bolivia exportó en 2010 un promedio de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas a Argentina y Brasil, en un negocio valorado en unos US$3.000 millones.

Morales restó importancia al resurgimiento, durante las protestas de la semana contra el "gasolinazo", de figuras de la oposición como el magnate del cemento Samuel Doria Medina y el ex alcalde de La Paz Juan del Granado, aliado del oficialismo hasta hace un año.

"No sé si son líderes políticos (...) qué bueno sería que tengamos un opositor, seguramente va a querer defender el decreto neoliberal de la subvención" a los combustibles, que data de la década de 1990, dijo.