El martes 5 de julio, la JIFE, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difundió un comunicado en el que pide al gobierno de Bolivia que reconsidere las implicaciones de su decisión de denunciar la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, trámite que fue presentado el 1 de julio de este año ante la ONU, con la intención de que la coca sea borrada de la lista de estupefacientes.

“La comunidad internacional no debe aceptar ninguna propuesta en la que los gobiernos usen el mecanismo de retiro y reacceso con reservas, para evadirse de la obligación de implementar ciertas normas del tratado”, señaló la JIFE. Agregó que esa acción “puede socavar la integridad del sistema global de control de drogas”.

Al respecto, el ministro de gobierno, Sacha Llorenti, ofreció una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, luego de participar de la habitual reunión de gabinete de los miércoles. Empezó por indicar que al Órgano Ejecutivo no le sorprende este tipo de comunicados y que no es la primera vez que esta instancia actúa “movida por ciertos intereses”.

“Rechazamos que se ponga en duda la vocación del gobierno de Bolivia, sobre nuestro compromiso no sólo con la comunidad internacional, sino con nuestro propio país, de lucha contra el narcotráfico”, concluyó Llorenti.

En cumplimiento de los plazos fijados, Bolivia mantendrá su estatus de miembro pleno de la Convención de 1961 hasta enero del 2012. Luego quedará al margen del documento por cerca de un año, tiempo en el que los otros países signatarios de la Convención analizarán la salvedad que Bolivia planteará el 1 de enero, referida a que la coca no es un estupefaciente y en defensa del acullico. Después, los Estados deben considerar la reincorporación de Bolivia a ese acuerdo.

Defensa. Llorenti aseguró que la comunidad internacional reconoce los esfuerzos de Bolivia no sólo en el tema presupuestario, sino también en los resultados de la lucha antidrogas.

“Así lo establece la voluntad del pueblo boliviano, materializada en la Constitución Política del Estado, que la coca no es un estupefaciente, que los usos tradicionales, culturales de la hoja de coca no solamente son naturales, sino son parte esencial de nuestra cultura”, aseveró.

“Encuentro hipocresía en algunos mensajes que llegan de ciertas instancias, pero queda absolutamente claro primero el trabajo, esfuerzo y compromiso de Bolivia en su lucha contra el narcotráfico. Tenemos una política de Estado clara, en los últimos cinco años se ha conseguido logros como nunca antes en la historia del país”, agregó la autoridad gubernamental.

Entre los resultados antidrogas de lo que va de esta gestión, el viceministro Felipe Cáceres informó el último martes que se confiscaron 11,8 toneladas de cocaína y 348 de marihuana en 6.090 operativos. Añadió que se destruyeron 2.454 fábricas de cocaína, se detuvo a más de 1.836 personas y se erradicaron 5.158 hectáreas de cultivos de hojas de coca. Con ese trabajo, el Órgano Ejecutivo prevé sobrepasar las 8.200 hectáreas de cocales destruidos el pasado año en el país.

Al referirse a la futura acción de Bolivia, el ministro de Gobierno indicó que se continuará con las gestiones ante organismos internacionales para recordar que el país no se aleja de la Convención de Estupefacientes, sino que realiza una acción puntual para sacar a la coca de “la lista de venenos”, para después volver a adherirse.

“Muchos países de la comunidad internacional comprenden cuál es el uso que hacemos de la hoja de coca y, por supuesto, coinciden con nosotros en términos que no se lo puede considerar en una lista de sustancias que hacen daño a la salud”, añadió Llorenti en su conferencia de prensa.

Sostuvo que el Gobierno está convencido de que en la comunidad internacional existe la conciencia sobre el consumo tradicional de la coca.

Denuncia convención por la coca. La Asamblea Plurinacional sancionó el 29 de junio la norma que denuncia la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. El Senado dio curso a la ley para que el Órgano Ejecutivo siga con el trámite.

Reacción en la ONU. Tras la sanción, el Ejecutivo presentó la denuncia de la citada Convención ante la ONU. El Gobierno sostiene que la acción está encaminada a que se saque a la hoja de coca de la lista de estupefacientes.