El oficialismo retomó la idea de la consulta previa para dirimir la construcción o no de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Tipnis.

El oficialismo retomó la idea de la consulta previa para dirimir la construcción o no de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS. Dirigentes de la marcha indígena condicionan la iniciativa a que el proyecto vial vuelva a foja cero.

La posición del oficialismo surge en momentos en que diferentes sectores en Cochabamba y Beni plantean anular la ley corta de protección y declaración de intangible del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para hacer viable la construcción de la obra vial.

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriela Montaño afirmó que la consulta debe definir la suerte de la carretera interdepartamental, sobre todo cuando los propios indígenas del parque lo demandan.

El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, condicionó la aprobación de la iniciativa a que el proyecto carretero vuelva a foja cero, es decir, previa anulación de aspectos como los contratos de crédito con Brasil por 332 millones de dólares y de construcción con OAS.

Un grupo de caciques de comunidades del parque llegó a La Paz y exigió el jueves al presidente Evo Morales y al presidente de la Cámara de Senadores, el masista René Martínez, modificar la ley corta para anular la intangibilidad y encaminar la construcción de la carretera por su territorio.

“La consulta, lo que va a permitir es que todos se pronuncien con los mismos derechos, garantías y obligaciones. Sigo creyendo que la consulta es la vía más democrática para resolver el tema”, afirmó la senadora oficialista.

En Cochabamba también articulan un comité para garantizar la vertebración caminera con Beni, aunque los empresarios, a diferencia de los sectores sociales, entre ellos cocaleros, plantean buscar trazos alternos al TIPNIS.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, recordó que el Gobierno apostó por la consulta antes de que la marcha indígena en defensa del parque termine obligando a aprobar la ley corta. A partir de la actual coyuntura, propone que el tema forme parte “de un debate nacional”.

La empresa OAS construye los tramos I y III de la carretera, mientras que no hay trabajos en el tramo II (que pasaba inicialmente por el TIPNIS). “Que anulen todo, y ahí empezamos a hablar de consulta”, afirmó Vargas, quien añadió que sólo seis caciques participaron de la reunión con el Presidente y no 20, como informaron el jueves.

“Ellos (los dirigentes de la marcha) nos dicen que vivamos no más así sin carretera”, denunció Clara Gutiérrez, dirigente de Río Sécure. El senador del MAS Gonzalo Mendoza apoyó la realización de la consulta en las comunidades trinitario-mojeño, yuracarés y chimán del parque.

El vicepresidente Álvaro García informó de que “estarán atentos a las iniciativas que vayan a tomar” los indígenas a favor de la carretera por el TIPNIS.

MSM apunta a gabinete. El jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, informó de que ampliará a los 20 ministros del gabinete del presidente Evo Morales la denuncia sobre los hechos de violencia contra los indígenas en Yucumo, ocurrida el 25 de septiembre.

Del Granado explicó que el informe del Defensor del Pueblo sobre la represión policial proporcionó elementos que permiten pensar en la participación del gabinete. “Vamos a pedir que el Fiscal investigue en profundidad la participación del gabinete, porque resulta que según las informaciones recabadas las decisiones de Sacha Llorenti (exministro de Gobierno) fueron decisión de gabinete”.

El informe defensorial, presentado el jueves, apunta a que Llorenti planificó y ordenó el operativo. La exautoridad descalificó el contenido del informe y aseguró que la cadena de mando fue rota y no dio ninguna orden de intervención.

Los ministros de Gobierno, Wilfredo Chávez, y de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, cuestionaron a nombre del Ejecutivo el documento defensorial. El jefe del MSM acusó a los dos ministros de encubrir a los responsables de la intervención policial. Pidió a la Fiscalía acelerar las investigaciones sobre lo ocurrido.

A la ONU le preocupa la tensión por el TIPNIS. La representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Yoriko Yasukawa, expresó preocupación por la tensión que rodea al tema del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Recordó que la decisión del presidente Evo Morales de promulgar la ley corta de protección del parque contribuyó a garantizar la convivencia.

La denominada ley corta vetó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por el territorio indígena, que también fue declarado intangible. Cocaleros, grupos de indígenas del TIPNIS y diferentes organizaciones en Cochabamba plantean reactivar la obra por el parque.

“Nos preocupa que siga habiendo mucha tensión en torno a este tema”, expresó Yasukawa, quien consideró importante concluir con la reglamentación de la ley corta. Los indígenas plantean que la reglamentación limite el carácter de intangibilidad al núcleo de su territorio, mientras que el Gobierno exige que esta condición rija en todo el TIPNIS.

“Reconocemos mucho esa decisión importante y difícil que asumió el Presidente (de aprobar la ley corta). Fue una determinación muy importante para favorecer la convivencia”, destacó la representante de la ONU en Bolivia.

García: ‘Hubo comportamiento no consultado’. El vicepresidente Álvaro García coincidió con el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, en el hecho de que la cadena de mando fue rota en la represión policial a la marcha indígena en Yucumo, Beni.

Llorenti afirmó en reiteradas oportunidades que no dio la orden de intervención, por lo que aseguró que la cadena de mando fue rota. La Fiscalía estableció que el entonces subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, dio la orden operativa.

García corroboró ayer la afirmación de la exautoridad. “Está claro que ahí (en la intervención) ha habido un comportamiento no consultado de algunas autoridades policiales”. El informe del Defensor del Pueblo sobre lo ocurrido en Yucumo apunta, sin embargo, a que la planificación y orden estuvo en manos de Llorenti. El exviceministro de Gobierno Marcos Farfán reveló a la Fiscalía que Llorenti ordenó el 24 la intervención policial, aunque la orden fue suspendida y aplazada la acción para el 26.

Los policías golpearon, amordazaron y maniataron con cinta adhesiva a los marchistas. El documento defensorial refiere, a partir de la declaración de una funcionaria del Ministerio de Gobierno, que la Policía requirió la cinta adhesiva. El exministro explicó que la parte operativa de cualquier acción la define la Policía.