Santiago. El gobierno de Chile descarta la posibilidad de adelantar las elecciones legislativas previstas para 2017 debido a la crisis de "credibilidad" por casos de corrupción en el Congreso Nacional, afirmó hoy el ministro vocero Alvaro Elizalde.

Expresó a la prensa en la capital del país que deben actuar "con mucha responsabilidad", ya que el gobierno y el poder Legisaltivo tienen un mandato claro: "llevar adelante las reformas", mandato que se mantiene "intacto".

El presidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, y su homólogo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Pizarro, ambos representantes de la coalición oficialista, han sugerido la posibilidad de adelantar las elecciones ante la escalada de la crisis de legitimidad.

Políticos de oposición y funcionarios han sido involucrados en los casos judiciales del banco Penta y la minera SQM, bajo la sospecha de financiar sus campañas con dinero de ambas firmas.

Elizalde señaló que, sin duda, "la legislación que tenemos es insuficiente y han habido prácticas irregulares".

Respecto a un eventual involucramiento del propio ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, el vocero gubernamental descartó la emisión de facturas o boletas falsas por parte del funcionario.  

"En el caso del ministro (lo que se hizo) fue prestar un servicio que efectivamente se prestó y hay una abismo de diferencia entre trabajar para una empresa y emitir boletas falsas para financiar campañas", aseveró.

El vocero expresó que lo que ha dicho la actual administración, es que la justicia debe investigar sin presiones, y "si hay un actor que ha sido responsable, ha sido el gobierno".

Enfatizó que "toda la campaña de la presidenta (Michelle Bachelet) se realizó conforme a la ley y está todo transparentado".

La crisis de credibilidad alcanza a la propia Bachelet, tras el escándalo en el que está involucrado su hijo, el ex director Social de la Presidencia, Sebastián Dávalos, y su esposa Natalia Compagnon, por un negocio de especulación inmobiliaria.

El Ministerio Público invstiga a la pareja por presunto tráfico de influencias, además de enriquecimiento ilícito.